Proyecto de ley de la marihuana

Las negociaciones en el Frente Amplio con el diputado Doreen Ibarra (Fidel) y Darío Pérez (Liga Federal, permitieron llegar a un proyecto definitivo de regulación del mercado de la marihuana. Ibarra y Pérez llevaron propuestas de sus sectores a las reuniones que mantuvieron con Luis Gallo, el veterano senador y médico de Asamblea Uruguay que terminó tejiendo el acuerdo.

Además de haber quedado de lado la producción y venta estatal de marihuana y dar libertad al autocultivo, los clubes de cannabis y producción bajo licencias, el Fidel y la Liga Federal introdujeron normas para el control sanitario, la educación, la concientización de la población y controles de tránsito.

Según un documento al que accedió Montevideo Portal, se incluyó una propuesta de Pérez para que en las ciudades con población superior a 10.000 habitantes se instalare "dispositivos de Información, asesoramiento, diagnostico, derivación, atención, rehabilitación y tratamiento e inserción a los afectados por usos problemáticos de drogas, cuya gestión, administración y funcionamiento estará a cargo de la JND, pudiendo suscribirse convenios con gobiernos departamentales, municipales y ONG".

Por otra parte, el sector de Pérez logró sumar un artículo en el proyecto que establece que "todo conductor estará inhabilitado para conducir vehículos de cualquier tipo que se desplacen por la vía pública, cuando la concentración de THC (Tetrahidrocannabinol) sea superior a la permitida y de acuerdo a la reglamentación que se realizará al respecto".

Se incluyen las mismas sanciones que las previstas en casos de alcoholemia y se establece que "la Junta Nacional de Drogas brindará capacitación, asesoramiento e insumos necesarios a los funcionarios especialmente designados a tales efectos, del Ministerio de Interior, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de las Intendencias Departamentales y de los Gobiernos Municipales y de la Prefectura Nacional Naval, con la finalidad de realizar los contralores de estilo en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones y competencias. Dichos exámenes y/o pruebas podrán ser ratificados a través de exámenes de sangre, u otros exámenes clínicos o paraclínicos, por los prestadores del SNIS".

Por otra parte, se estableció a instancias del Fidel que habrá políticas educativas que "comprenderán su inclusión curricular en Primaria, Secundaria y en la Educación Técnico Profesional, con el fin de prevenir sobre el daño que produce el consumo de drogas, incluido el cannabis. La ANEP resolverá sobre la forma de instrumentar esta disposición".

A eso la Liga Federal le agregó un artículo que declara "obligatoria la inclusión de la disciplina ‘Prevención del uso Problemático de drogas', en las Propuestas Programáticas y Planes de Estudio para Educación Inicial Primaria, Educación Secundaria, Formación Técnico Profesional y en la UTEC".

"Dentro de dicha disciplina se incluirán espacios especialmente destinados a la Educación Vial y a los siniestros de tránsito provocados por el consumo de Drogas", se agrega.

También "se declara la obligatoriedad de incluir dichas temáticas en los planes de estudio y formación docente".

Asimismo, "la JND estará obligada a realizar campañas educativas, publicitarias y de difusión y concientización para la población en general respecto a los riesgos, efectos y potenciales daños del uso de Drogas cuyo financiamiento deberá ser cubierto en su totalidad por los rubros de publicidad de las empresas del estado, en un porcentaje directamente proporcional a monto global de sus inversiones en el rubro".

El representante de la Liga Federal en la Mesa Política del Frente Amplio, José Antonio Maldonado, explicó a Montevideo Portal que las propuestas de su sector se fundamentan en que "la protección de la salud y el bienestar de todos los habitantes de la República Oriental del Uruguay es un Derecho protegido constitucionalmente y al que expresamente se refiere nuestra Carta Magna en los artículos 44 y 71".

Recordó que "el artículo 44 de nuestra Constitución establece que l Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país". A su vez, el artículo 71 establece que "en todas las instituciones docentes se atenderá especialmente la formación del carácter moral y cívico de los alumnos".

"En base a dichas disposiciones y a leyes nacionales vigentes, el Estado tiene la obligación de garantizar el goce de estos derechos protegidos constitucionalmente, legislando, organizando, propiciando acciones y medidas de carácter preventivo que eviten o inhiban conductas que deterioren la salud y el bienestar de la sociedad y de sus individuos, así como las medidas desde el Sistema Educativo tendientes a asegurarlos", explicó.

Agregó que "la incidencia del consumo de drogas, su suceso social y tratamiento per se, así como su relación directa con otras problemáticas sociales de gran dimensión como la siniestralidad vial, invocan a cuantificar las relaciones que se tejen y comprometer soluciones al respecto de manera consensuadas. La evidencia científica muestra relación directa entre el consumo de drogas y la siniestralidad vial. Estas relaciones fundamentan la necesaria adecuación de las perspectivas, incluyendo el rol de la institución educativa en el tratamiento de estas relaciones como causa ‘sine qua non' para el objetivo de un futuro que proteja y cuide, fundamentalmente a los más vulnerables, como son los niños y los jóvenes".

Entre las disposiciones generales, se establece que "todas las personas tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, al disfrute de los espacios públicos en condiciones seguras y a las mejores condiciones de convivencia, así como a la prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades, de conformidad con lo dispuesto en diversos convenios, pactos, declaraciones, protocolos, y convenciones internacionales ratificados por ley. Asimismo, debe garantizarse el pleno ejercicio de sus derechos y libertades consagradas en la Constitución, con la limitante en lo que respecta a los derechos de las demás personas, y siempre que no atenten contra su propia vida y/o contra la vida y seguridad de terceros".

En el artículo 4º se aclara que la ley "tiene por objeto resolver una contradicción en la norma jurídica vigente, con el fin de proteger a los habitantes del país de los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico buscando, mediante la intervención del Estado, atacar las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, y económicas del consumo de estupefacientes".

A propuesta del Fidel, se añadió en el párrafo siguiente que el proyecto dispone medidas "tendientes al control y regulación del cannabis el y sus derivados o el cañamo, así como aquellas que buscan educar, concientizar y prevenir a la sociedad de los riesgos para la salud, particularmente en lo que tiene que ver con las adicciones, priorizando siempre la defensa de la vida, así como el bienestar común, en atención a las definiciones de la Organización Mundial de la Salud respecto al consumo de esta y otras drogas".