Expulsado ilegalmente de España

Un ciudadano uruguayo denunció ante el Parlamento que fue expulsado ilegalmente de España, a raíz de su participación en una manifestación en contra del gobierno español, en la localidad de Lanzarote, en Islas Canarias.

José Morales Brum, de 43 años, explicó a Montevideo Portal que vive en España desde el 2002 y tenía sus papeles y permiso de trabajo vigentes. Además, tiene una hija nacida en Islas Canarias con nacionalidad española a su cargo y no posee antecedentes penales, lo que hizo que el caso sea sorpresivo.

El caso comenzó el 10 de febrero pasado, cuando Morales Brum participó de un manifestación "espontánea y convocada a través de las redes sociales" frente a la sede del Partido Popular en Lanzarote, en momentos en que el ministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria se encontraba reunido con los representantes de la localidad.

"Ese día la manifestación fue pacífica y ese día no hubo detenciones ni se le pidieron documentos a nadie", recuerda Morales Brum, agregando que "a través de cantos y consignas se hizo saber la disconformidad con las medidas del ministro y de todo el gobierno español".

Cinco días después de la manifestación, el uruguayo recibe un acta de denuncia en la que se le acusa de una falta administrativa por "alteración del orden público", estableciendo una sanción económica de 400 euros. La misma falta se le imputó a otros seis participantes de la movilización, todos ellos españoles, con una multa de 300 euros.

"En ese momento comienza una fase de alegaciones contra esos expedientes para demostrar que no había habido incidentes en la movilización, hasta que el 3 de mayo aparece en la Delegación de Gobierno un expediente de expulsión", contó el uruguayo.

Luego de presentar un recurso contra esa decisión, el 21 de mayo la Delegación de Gobierno reafirmó su resolución de expulsar a Morales Brum, aunque le otorgó un plazo de 60 días para presentar un recurso contencioso administrativo. Sin embargo, "antes de ese plazo el subdelegado de Gobierno Luis Medina González ordenó a la Policía que sea detenido y expulsado".

El traslado a Uruguay

Al igual que su detención, el traslado de Morales Brum a Uruguay también tuvo varias irregularidades. Según asegura, su salida de España no quedó registrada en ningún documento y en su pasaporte no consta su deportación. Además, dijo que "me trajeron como a un terrorista, amarrado de pies y manos", sin la posibilidad de consumir alimentos ni agua durante el viaje.

Ya en el Aeropuerto de Carrasco, al que arribó a las 9:30 horas del miércoles 13 de junio, fue recibido por un agente de Interpol que se negó a recibir una denuncia sobre el procedimiento de traslado y "tuvo una actitud amenazante, diciendo que si hacía la denuncia iba a tener problemas con la Policía uruguaya". Tras pedir que le leyeran los cargos por lo que podrían encarcelarlo en Uruguay, Morales Brum fue "sacado a empujones" del aeropuerto, quedando sorpresivamente en libertad.

Desde ese día Morales Brum permanece en la residencia de su hermana, aunque afirma estar viviendo una "tragedia", ya que "no me permiten sacar dinero ni documentos y no tengo ropa porque vine con lo puesto". Además, señala que "mi familia quedó allá, con todo lo que eso significa, con la desesperación porque al no generar recursos la situación se vuelve trágica".

Legisladores del FA tomaron el caso

Estando en Uruguay el caso de Morales Brum llegó a conocimiento del diputado del MPP por Salto Andrés Lima, que presentó la situación ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes. Es así que el próximo miércoles las comisiones de ambas cámaras tratarán el tema y el jueves la situación será planteada en el plenario del Senado por el senador comunista Eduardo Lorier.

El deportado confía en que la preocupación desde el ámbito político uruguayo pueda servir para "interceder ante el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, la Embajada Uruguaya en España y el propio gobierno español".

Para Morales Brum, una de las principales preocupaciones - además de retornar con su familia - es la posibilidad de que el caso "genere un grave precedente". Cuenta que según investigaciones periodísticas de medios de Lanzarote, no hay casos similares al suyo en la historia española, con expulsiones decretadas por representantes políticos y no por la Justicia. "Si esto crea jurisprudencia podría ser un claro retroceso en los derechos humanos", opinó.