Militares preparan defensa contra denuncias

El Centro Militar se encuentra prepara su estrategia contra las denuncias presentadas en los últimos días contra militares por delitos cometidos durante la dictadura. Para ello, la organización le encomendó al constitucionalista Gonzalo Aguirre la preparación de dicha estrategia.

De todas formas, Aguirre aclaró a Montevideo Portal que no participará en los procesos judiciales que deban afrontar militares, ya que el derecho penal no es su competencia.

Sin embargo, explicó que el Círculo Militar le realizó una consulta para que el ex vicepresidente elabore un texto argumentativo sobre la inconstitucionalidad de la ley que evita las prescripciones de los delitos de la dictadura.

La argumentación será utilizada luego por cada uno de los abogados patrocinantes de las causas contra los militares.

Aguirre ya había manifestado su posición contraria a la ley ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, cuando fue invitado para exponer sobre el proyecto.

En dicha oportunidad, el constitucionalista expresó que "una ley confirmada por el Cuerpo Electora en un referéndum pasa a tener mayor valor, es decir, es más difícil de desaplicar que las demás leyes vigentes", motivo por el cual Aguirre considera que la Ley de Caducidad no puede ser derogada.

Además, recordó que "no puede disponerse que los delitos comprendidos en la Ley de Caducidad son de lesa humanidad porque, en su gran mayoría, son delitos comunes", alegando que los delitos de lesa humanidad están comprendidos en el Estatuto de Roma como delitos que son "parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque".

"Creo que esta condición no se dio durante la dictadura uruguaya; no hubo un acto de genocidio ni un ataque generalizado contra la población civil", afirmó Aguirre frente a los legisladores.

En tercer lugar, el constitucionalista criticó el carácter retroactivo de la ley: "es claro también que se trata de una norma retroactiva porque dispone, en el año 2011, que se borren los efectos producidos durante 25 años por los plazos procesales que vencieron en los procesos sustanciados respecto de los delitos comprendidos en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Traducido esto a un lenguaje fácil: se dispone que los plazos vencidos no vencieron. Esto es una ficción. Su retroactividad, por tratarse de una norma procesal penal, es de muy dudosa constitucionalidad".