Senado posterga votación

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La sesión comenzará este martes a las nueve y media de la mañana, luego de que en la tarde del lunes la Cámara Alta decidiera por unanimidad aprobar un cuarto intermedio, postergando así la votación del proyecto que busca evitar la prescripción y reestablecer la pretensión punitiva del Estado.

En la tarde de este lunes el Directorio del Partido Nacional emitió un comunicado en el que informó que no acompañará el proyecto por considera que se trata de una nueva tentativa de pasar por encima de las consultas populares que ratificaron la Ley de Caducidad.

En un comunicado el PN manifiesta que “rechaza una vez más todo intento de violentar y modificar la voluntad popular a través de una ley, como se promueve en el proyecto a estudio del Senado de la República en el que se deroga, con efecto retroactivo, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. (…) La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado no impide ni coarta la búsqueda de la verdad sino que por el contrario, la incorpora a texto expreso”.

En conversación con Montevideo Portal, el senador nacionalista Eber Da Rosa, señaló que el proyecto “es una reiteración de uno de los artículos del interpretativo” que busca anular la ley de Caducidad.

“Debe resguardarse claramente la existencia de las dos expresiones de la población sobre teste tema”, afirmó Da Rosa en referencia a los plebiscitos y recordó que el PN no acompañó el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad por esa misma razón. “Por una cuestión de elemental coherencia, es la posición que asumimos hoy”.

Asimismo señaló que no puede acusarse de un delito que no existía cuando fue cometido, ni aplicarse con retroactividad una norma que endurece la pena: ”No se puede aplicar retroactivamente normas penales más graves. El proyecto no solamente transgrede disposiciones del derecho interno, sino también de la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos”, agregó.

Al ser consultado si en su opinión, la tipificación de homicidio especialmente agravado representa los hechos ocurridos, Da Rosa respondió: “Uruguay adhirió al llamado estatuto de Roma en el año 2002-cuando se reconoce la existencia del delito de lesa humanidad- y los hechos son anteriores a 1985. Este es un tema que tienen que dirimir los jueces, que son quienes tienen que aplicar las normas”.

La discusión

Todos los asesinatos cometidos en la dictadura prescriben el 1º de noviembre porque fueron tipificados como homicidio especialmente agravado. Si bien el delito de homicidio especialmente agravado prescribe a los 20 años de cometido, en este caso no se contó el periodo de la dictadura dado que no estaban dadas las garantías de un proceso judicial legítimo, por lo que se comienza a contar los 20 años a partir del retorno a la democracia en marzo de 1985. A esa fecha de prescripción –que sería marzo de 2005- se le agrega un tercio, tal como está estipulado para delitos que sean considerados graves, por lo que se llega a la fecha del 1º de noviembre.

De esta forma, la prescripción se busca cambiando la tipificación de los delitos, pero se elige para ello un delito originado en 2002, como el delito de lesa humanidad. La Suprema Corte de Justicia-que solo se pronuncia sobre los casos en los que es consultada- se expresó en contra de utilizar la tipificación de delitos de lesa humanidad para una causa que integra 28 desapariciones por las que fueron procesados los miltares José Nino Gavazzo y José Arab, considerando que no puede aplicarse un delito creado posteriormente de ocurridos los hechos.

Otro de los factores de la discusión, es que en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Gelman, se obliga al estado uruguayo a eliminar todos los obstáculos para el procedimiento de la Justicia y la investigación, incluyendo la Ley de Caducidad y la prescripción de los delitos.

Además de eso, otra de las posibilidades por las que se intentó evitar la prescripción fue a través de la tipificación de desaparición forzada, delito creado en 2006. Este caso es similar al de lesa humanidad en la medida en que se crea después de que ocurrieron los hechos, pero quienes defienden la aplicabilidad de esta tipificación sostienen que el delito no prescribe porque “se sigue comentiendo” mientras no aparezca el cuerpo. El argumento fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia.

El proyecto llega al senado

El Senado debatirá y someterá a votación el proyecto de ley para considerar todos los crímenes cometidos por la dictadura como delitos de lesa humanidad y evitar así la prescripción de los mismos el próximo 1 de noviembre.

El Frente Amplio pretende que los senadores aprueben la medida (bastan los votos del oficialismo) y que la misma pase directamente a la Cámara de Diputados para que la medida pueda entrar en vigor antes de fin de mes.

Consultado sobre la votación de este martes, el senador del Partido Nacional, Jorge Saravia, dijo a Montevideo Portal que mantiene su postura "contraria a desconocer lo que resolvió la ciudadanía sobre el tema. Ahora el Frente Amplio vuelve a insistir sobre el tema y se pasa por arriba a la ciudadanía".

"Otro elemento a tener en cuenta es que a través de un poder, como lo es el Poder Legislativo, se intente dejar de lado a la Justicia. Por eso nosotros vamos a votar en contra del proyecto", dijo Saravia.

El legislador, que en junio abandonó las filas del Frente Amplio, dijo que esperaba que "después de toda la discusión con la Ley de Caducidad y el proyecto Interpretativo, no se discutiera más y no se insistiera más. Esto divide en vez de sumar. No ayuda a dar vuelta la página y atiza fuegos del pasado que no sirven de nada. Hay que mirar para adelante y tenemos que cerrar temas del pasado más allá que se siga investigando y buscando a los desaparecidos".

Detalles del proyecto

El proyecto de ley consta de cuatro artículos y apunta a restablecer "la pretensión punitiva del Estado" para todos los delitos cometidos por agentes del aparato estatal desde 1973 hasta marzo de 1985, cuando se restituyó la democracia en Uruguay.

Al tiempo, declara estos delitos como "crímenes contra la humanidad, de conformidad a los tratados internacionales signados por el país", indicó la senadora oficialista Susana Dalmás.

De este modo, se evitará la prescripción automática el día 1 de noviembre de los delitos de torturas, violaciones, asesinatos y secuestros cometidos por la dictadura, tal y como había estipulado en mayo pasado la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al declararlos "ilícitos comunes".

A juicio del senador Jorge Saravia, no se puede seguir violando la Constitución. Y el Frente Amplio se arrogó el derecho por la vía de la mayoría, a creer que tiene la verdad revelada. Este es un tema peligroso para seguir atizando divisiones".

Consultados sobre su voto, Saravia adelantó que votará de forma negativa, "al igual que lo hice cuando integraba el Frente Amplio y vote contra el proyecto Interpretativo. Cuando se discutió el tema en 2010 yo dije que era un golpe de estado técnico".

Más allá de la negativa de Saravia se da por descontado que el proyecto será aprobado, dado que cuenta con los votos del resto de los legisladores elegidos por el Frente Amplio en ambas cámaras.