Viana prepara demanda contra MDP

El senador colorado Pedro Bordaberry afirmó este martes que el contrato firmado el 18 de enero entra la empresa de Montes del Plata y el gobierno tiene una cláusula por la que se compromete a devolver impuestos en caso de que se apruebe un impuesto sobre la concentración de la tierra.

El llamado impuesto al agro que llegó este lunes al Parlamento fue planteado públicamente en mayo, días antes que la empresa inaugurada sus obras en Puntas de Pereira.

Al ser consultado por la prensa, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni, negó que la empresa tenga algún tipo de exoneración respeto a ese impuesto.

Según Bordaberry la cláusula 3.5.10 del contrato señala que el gobierno compensará a la empresa con beneficios para amortiguar el pago del impuesto.

Montevideo Portal accedió al documento que en la cláusula mencionada por Bordaberry señala que nuestro país y la empresa “convienen que para el caso de que hubiera cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto Montes del Plata durante la vida del mismo, las partes revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la Ley de inversiones para compensar por esta vía los citados eventuales perjuicios”.

Fuentes de la empresa señalaron a Montevideo Portal que por el momento no realizarán declaraciones al respecto. Montes del Plata es una empresa compuesta por la sueco-finlandesa Stora Enso y la chilena Arauco.

La empresa tiene prevista una inversión de unos 1900 millones de dólares y cuenta con 250 mil hectáreas del territorio nacional. Durante el proceso de construcción serán empleados unos 3.200 empleados en promedio, mientras que durante el funcionamiento de la planta-que estará operativa en 2013- serán empleadas unas 500 personas.

La demanda por la nulidad del contrato

A todo esto, el fiscal Enrique Viana dijo a Montevideo Portal que la semana que viene presentará una demanda de nulidad sobre el contrato por entender que atenta contra la Constitución de la República.

“Con el contrato de inversión, -aquí denunciado-, se está ante un doble quebrantamiento del orden público constitucional y legalmente establecido. Por un lado, objetivo, en la medida que el sinalagma alcanzado supone negociar con un Derecho innegociable como el Derecho Ambiental, justamente por ser de orden público. Y por otro, subjetivo, por cuanto la consecuente affectio societatis conseguida emplaza al Estado en una tan inconciliable como antijurídica posición de Juez y Parte frente al emprendimiento celulósico en cuestión; dependencia, subordinación y condicionamiento que tornan absolutamente tachables de parciales, ergo inconfiables, sus actuaciones públicas en materia de protección, evaluación y control ambiental”, señala el escrito que presentará el Fiscal Viana.

Según señaló Viana, el texto del contrato de inversión con la empresa forestal además de violar la Constitución atenta "contra la soberanía del país" y las condiciones de "igualdad" que deben regir para cualquier normativa, señalando que un contrato de inversión con el Estado es ilegítimo en sí.

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