Preparan desarchivos sobre DDHH

De los 66 casos que fueron incluidos bajo el amparo de la Ley de Caducidad durante los gobiernos pos dictadura, sólo uno fue presentado a un juzgado, según informó este miércoles el diario Últimas Noticias.

Desde que el presidente José Mujica firmó el decreto de revocación de todos los actos administrativos que incluyeron casos de violaciones a los derechos humanos en la Ley de Caducidad, se habló de la posibilidad de reabrir varias causas pero sólo se concretó una de ellas. Son los abogados de cada una de las causas quienes deben pedir al juzgado la reapertura del caso.

A fines de junio, cuando Presidencia de la República revocó los actos administrativos de gobiernos anteriores, realizó una resolución en forma general, sin identificar los casos específicos.

En la exposición de motivos de esa resolución se hace referencia reiteradamente al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso que investiga la desaparición de María Claudia García de Gelman, en el que insta al gobierno a trascender cualquier tipo de obstáculo que impida a la Justicia investigar los crímenes.

El Secretario de la Presidencia de la República, Alberto Breccia, explicó que el Poder Ejecutivo no tiene la potestad para requerir el desarchivo de los casos, ni pedir que la Justicia se pronuncie al respecto.

De todas formas, notificó la decisión a la Suprema Corte de Justicia y ésta informó a los diferentes juzgados sobre la nueva situación, tal como había anunciado en su momento el ministro de la SCJ, Leslie Van Rompaey.

Un trabajo realizado por el periodista Roger Rodríguez para el semanario Caras y Caretas, logró identificar todos los casos específicos, dando cuenta de que se trataba de 66 y no de 80 como se había manejado en una primera instancia.

En conversación con Montevideo Portal, el abogado del Instituto de Estudios Legales y Superiores del Uruguay, Jorge Pan, señaló que presentó los casos de Luis Eduardo Gonzalez, ante la SCJ, por considerar que es este el organismo adecuado para tratar el caso, dado que tiene competencia originaria.

“Ese está para el acuerdo de la SCJ”, señaló el abogado que anunció que después que se tenga la apertura de ese caso, se presentarán el de Laura Raggio, Silvia Reyes y Daiana Maidanik y el de Oscar Tasino.

Luis Eduardo Gonzalez, esposo de Elena Zaffaroni, fue secuestrado el 13 de diciembre de 1974 en su casa y llevado al Regimiento N° 6 de Caballería. Gonzalez era militante del Partido Comunista Revolucionario. La última vez que se vio con su esposa fue el 24 de diciembre de ese año.

Oscar Tasino era empleado de la UTE, militante del Partido Comunista. Fue detenido el 19 de julio de 1977 en la casa de una pareja amiga, en la calle Máximo Tajes, donde se realizaría una reunión sindical. Según testigos y las investigaciones de la Comisión para la paz Tasino falleció a causa de un golpe en la cabeza en el centro de torturas de La Tablada.

En tanto, Laura Raggio, Silvia Reyes y Daiana Maidanik fueron asesinadas por un comando de la OCOA en 1974. El hecho ocurrió en el barrio Brazo Oriental, cuando un comando que habría sido dirigido por el General Juan Rebollo, realizó un operativo en la casa del militante tupamaro Washington Barrios, en el que murieron su esposa Silvia Reyes de 18 años y dos amigas de ella, Laura Raggio. En ese hecho también fue asesinado Dorsal Márquez, un oficial de policía que circulaba por el lugar.

La posibilidad de la prescripción

Según señala este miércoles el matutino Últimas Noticias la prescripción de los casos el próximo 1º de noviembre es otro de los aspectos que está siendo evaluado en el ámbito judicial, más aún teniendo en cuenta la reciente declaración del Tribunal de Apelaciones, en el que por primera vez se aceptó la aplicación del delito de desaparición forzada en un caso de violaciones a los DDHH ocurrida durante la dictadura.

Se trata del caso de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo, Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana desaparecidos en 1977 en Paraguay, cuya tipificación fue planteada por la fiscal Mirtha Guianze y confirmada por el Tribunal, obligando a que a partir de ahora se trate el caso con esa tipificación.

La decisión tomada por el Tribunal va en sentido contrario a lo dictado por la Suprema Corte de Justicia, cuando fue consultada por la misma fiscal sobre el caso de 28 violaciones a los DDHH que fueron tratadas en primera instancia como homicidio. En ese caso -que afecta a los militares José Gavazzo y José Arab- la SCJ consideró que correspondía aplicar homicidio especialmente agravado, debido a que el delito de desaparición forzada fue creado en 2006, antes que los delitos se cometieran.

Ante esto, quienes defienden la tesis de que debe aplicarse de desaparición forzada subrayan que el delito de desaparición forzada se sigue cometiendo hasta que no aparezcan los restos.

En anteriores declaraciones a Montevideo Portal, Van Rompaey señaló que cuando la SCJ decidió sobre la consulta que se realizó respecto de los 28 casos y descartó que la SCJ tome una iniciativa al respecto, remitiéndose a expresarse sólo ante un recurso de casación en determinado caso, quedando a criterio de cada juez la consideración de la prescripción.

El homicidio agravado prescribe a los 20 años de cometido, pero en los casos de la dictadura se sostiene que al no existir garantías para el ejercicio de la Justicia, el plazo comienza a correr a partir del 1º de marzo de 1985, cuando se recuperó la democracia. Por tratarse de casos particularmente graves se aumenta un tercio el periodo de prescripción llegando así a la fecha del 1º de noviembre de 2011.

Atento a esto, se manejan varias posibilidades con el fin particular de que esos casos no prescriban, entre ellos la presentada por el abogado Federico Álvarez Petraglia, quien sostiene la posibilidad de que una norma amplíe el plazo de prescripción, habilite nuevas causas de interrupción del plazo o directamente declare esos delitos imprescriptibles.

Hay 22 desaparecidos en Uruguay que son Luis Aragón, Oscar Baliñas, Ricardo Blanco, Eduardo Bleier, Juan Brieba, Héctor Castagnetto, Julio Castro, Julio Correa, Ubagesner Chávez Sosa-cuyo cuerpo fue encontrado en 2005- Julio Escudero, María Claudia García, Gelós Bonilla, Roberto Gomensoro, Luis González, Mato Fagián, Fernando Miranda - cuyos restos fueron encontrados en 2006- Oscar Montes de Oca, Felix Ortiz, A. Paitta Cardozo, Eduardo Pérez Silveira, Amelia Sanjurjo, Oscar Tasino.

28 desaparecidos en Argentina: Armando Arnone, Francisco Candia, Casimira Carretero, Washington Cram, Mario Cruz, Segundo Chegenián, Graciela Da Silveira, León Duarte, Juan Errandonea, Gerardo Gatti, Victoria Grisonas, María E. Islas, Roger Julien, Josefina Kleim, Rafael Lezama, Alberto Mechoso, Méndez Donadio, Juan Morales, Miguel Moreno, Ruben Prieto, Washington Queiro, Juan Pablo Recagno, Carlos Rodríguez, Adalberto Soba, Raúl Tejera, Cecilia Trias y Jorge Zaffaroni.

Y 16 asesinatos que no pudieron ser investigados: Gerardo Alter, Álvaro Balbi, Gilberto Coghlan, Ivo Fernández, Héctor Gutiérrez Ruiz, Amelia Lavagna, Pedro Lerena, Julián López, Diana Maidanik, Zelmar Michelini, Eduardo Mondello, Laura Raggio, Silvia Reyes, Vladimir Roslik, Nibia Sabalsagaray y William Whitelaw.