Parlamento analiza prescripción

El constitucionalista José Korzeniak dijo a Montevideo Portal que la vigencia de la Ley de Caducidad es un obstáculo para el desarrollo normal del proceso, por lo que la prescripción de los delitos cometidos en la dictadura comenzaría a correr a partir de la vigencia del decreto revocatorio del Poder Ejecutivo, que quita del amparo de la Ley de Caducidad a unos 80 casos que fueron incluidos en él, durante los gobiernos democráticos posdictadura.

Para Korzeniak el decreto que anunció el Poder Ejecutivo dará el impulso para el inicio del momento de la prescripción considerando que su aplicación en determinados casos-en el sentido de que el PE no dio lugar al Poder Judicial- obstaculizó el normal desarrollo del proceso.

”Si uno se tiene que presentar a una audiencia y está en un hospital el plazo no corre”, ilustro el constitucionalista que entiende que el Poder Legislativo puede actuar en ese sentido y así evitar la discusión de si se trata de delitos de lesa humanidad o no en cada un de los casos.

Al ser consultado específicamente sobre su parecer en cuanto a la pertinencia de la tipificación de desaparición forzada, Korzeniak dijo que “es complejo” pero aclaró que tampoco puede tipificarse homicidio si no aparece el cadáver de las víctimas.

A partir de que entre en vigencia el decreto que revoca 80 resoluciones del Poder Ejecutivo sobre la inclusión de casos de violaciones a los derechos humanos en el amparo de la Ley de Caducidad, los jueves deberán analizar los casos.

Según dijo el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat a canal 10, puede darse que el Poder Ejecutivo se comunique con los diferentes jueces para comunicarles el caso concreto o que directamente los jueces al conocer la entrada en vigencia del decreto, tomen contacto con la causa.

Cada juez deberá informar a las respectivas defensa y expedirse sobre cada caso, dado que el Ejecutivo habilita la actuación del Poder Judicial.

”Ya no nos asombra nada, ninguno de los que está detenido tendría que estar detenido”, afirmó Puente quien agregó que es “un tema político” que debe tener una solución política.

Más allá de lo que puedan determinar los jueces, abogados en derechos humanos trabajan para buscar la forma de evitar la prescripción de los delitos de lesa humanidad, dado que sino hay algún cambio en la opinión de la Suprema Corte de Justicia respecto a la tipificación de homicidio agravado, los delitos cometidos en la dictadura prescribirán el 1º de noviembre.

El homicidio agravado prescribe a los 20 años de cometido, pero en los casos de la dictadura se sostiene que al no existir garantías para el ejercicio de la Justicia, el plazo comienza a correr a partir del 1º de marzo de 1985, cuando se recuperó la democracia.

Por tratarse de casos particularmente graves se aumenta un tercio el periodo de prescripción llegando así a la fecha del 1º de noviembre. Si bien el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso de los militares retirados José Gavazzo y José Arab no trata el tema de la prescripción fue significativo porque rechazó el pedido de la fiscal Mirtha Guianze de cambiar la tipificación por desaparición forzada, confirmado la de homicidio que debe atenerse a esa prescripción.

Los defensores de la tipificación de desaparición forzada, sostienen que ese delito no prescribe porque se continúa cometiendo en la medida en que no está el cuerpo de la víctima y por esa misma razón, es irrelevante que el delito se haya creado en 2006, décadas después del inicio de la desaparición.

Recientemente el abogado Federico Álvarez Petraglia presentó un documento con la propuesta de incorporar una norma que amplíe el plazo de prescripción, habilite nuevas causas de interrupción del plazo o directamente declare esos delitos imprescriptibles.

Petraglia señaló también que una herramienta similar utilizó el sistema jurídico alemán para tratar los casos de violaciones a los derechos humanos durante el régimen nazi, declarando imprescriptibles los delitos tras sucesivas acciones.