Buscan que legislativo evite prescripción

El juez Álvarez Petraglia participó en un debate realizado por la Intendencia de Montevideo, junto a sus colegas, Juan Errandonea y Pablo Chargoñia, según informó este miércoles el diario Últimas Noticias.

El tema tratado en la mesa fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el caso Gelman. Allí fue planteada la posibilidad de abrir causas que investiguen las torturas en cada centro de reclusión, tema en el que está trabajando el abogado Pablo Chargoñia.

En conversación con Montevideo Portal, el abogado y ex juez, Federico Álvarez Petraglia, sostuvo que sería una buena forma de trabajar y recordó que en Argentina se hizo así, abriendo, por ejemplo, una causa por Automotoras Orletti.

Álvarez señaló que desde el punto del vista del juez, el trabajo se facilita porque se evitaría que cada juez tenga que “armar el puzzle” con diferentes testimonios en diversas causas, y recibirían el testimonio de varios testigos, que seguramente identifiquen a las mismas personas en los roles en los que actuaron.

El abogado realizó un estudio comparativo entre el fallo de la Suprema Corte de Justicia y el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre las principales diferencias se encuentra el hecho de que la CIDH entiende la figura de desaparición forzada cabe en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura, mientras que la Suprema Corte de Justicia-que se expidió sobre el tema para el caso Gavazzo-Arab- sostiene que esa figura no cabe dada que se creó en 2006 y aplicarla implicaría retroactividad.

Sin embargo, quienes sostiene la pertinencia de esa figura para los casos de la dictadura, como la fiscal Mirtha Guianze, entienden que el delito de desaparición forzada se continúa cometiendo hasta la aparición del cuerpo por lo que no se estaría violando el principio de irretroactividad.

En su intervención, Petraglia plantea la posibilidad de evitar la prescripción de los delitos más graves: “Ahora bien, para solucionar el dilema en cuestión, no es necesario derogar o anular la ley de caducidad, sino que es preciso atender y abordar el tema del paso del tiempo y los efectos que este apareja para la acción penal. En ese entendido, sin perjuicio que se impone por razones de inconstitucionalidad la inmediata derogación del adefesio jurídico que es la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, es imperioso para mantener viva la esperanza de continuar la investigación de los delitos más graves (homicidios especialmente agravados y muy especialmente agravados), la incorporación de una norma que, o bien amplíe el plazo de prescripción, o bien cree una nueva causa de interrupción de la misma, haciéndola depender, por ejemplo, de la denuncia de la parte interesada (familiar, organismo de derechos humanos, secretaría de derechos humanos del Ministerio de Cultura o de cualquier Intendencia Municipal, etc.), o del Ministerio Público, o los declare imprescriptibles en forma directa. Cabe precisar que, en todos los casos, el planteo se formula en el contexto de la posición actual de la SCJ”.

”Este camino, que parece novedoso, ya fue recorrido por un país del avance jurídico y del porte intelectual de Alemania, décadas atrás, en momentos en que se vio ante la encrucijada de la prescripción de los crímenes cometidos por un régimen dictatorial como fue el nazi, optando en el caso en primer lugar por la suspensión, luego por la ampliación de los plazos, hasta llegar a la imprescriptibilidad de dichos delitos”, agregó Petraglia en su presentación.