Coletazos de la decisión del FA

La Fundación Mario Benedetti, creada luego de la muerte del escritor uruguayo como voluntad testamentaria, entregó el viernes a la Justicia penal un informe sobre la causa "Organizaciones de Derechos Humanos denuncian" que se instruye en el juzgado letrado en lo penal de 7° turno, respecto a la cual la Suprema Corte de Justicia consideró inconstitucional la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado (N° 15.848).

El informe fue realizado por el coordinador de la Fundación en el área de Derechos Humanos, el periodista Roger Rodríguez, y un equipo multidisciplinario de estudiantes universitarios, que analizó cada uno de los casos, aportando nuevos datos y testimonios.

Según un comunicado de la entidad, el grupo de trabajo partió del material ordenado en el libro "Investigación Histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en Uruguay (1973- 1985)" que coordinara el profesor Álvaro Rico y se intentó "cruzar" la información con archivos de otras organizaciones sociales, publicaciones de prensa y fuentes directas, para ayudar al esclarecimiento de lo ocurrido con las víctimas.

Uruguayos en Madrid y ex presos contra la Caducidad

El Centro de Uruguayos en Madrid, a través de una nota de prensa firmada por su presidente, Juan Sotelo de Brun, expresa que el organismo "desde sus comienzos" abogó por la anulación de la Ley de Caducidad, porque ésta "deja sin juzgar a los responsables de las torturas, las violaciones, los asesinatos, la desaparición forzada de más de un centenar de personas, crímenes considerados de lesa humanidad".
El Centro señala que está "del lado de la defensa de los derechos humanos" y que "no busca venganza", por lo que pide que "se respete la justicia, la Ley de Caducidad es inconstitucional, como lo han señalado la Suprema Corte de Justicia, la Asamblea General y el Poder Ejecutivo; cuyos efectos deben ser eliminados como lo solicitó la Corte Interamericana de Derechos Humanos". El comunicado recuerda que en España, por no investigarse en tiempo y forma los crímenes cometidos luego de la Guerra Civil, "los pueblos de España no saben que pasó, no pueden recuperar los cuerpos de sus familiares asesinados por el franquismo, no se puede investigar porque procesan al Juez que lo intenta. A más de 70 años del golpe de Franco, sus víctimas siguen sin Justicia".

Por su parte, la Asociación de ex Presos Políticos de Uruguay, Crysol, convoca a una concentración el jueves 19 a partir de las 15 frente al Anexo del Palacio Legislativo, bajo la consigna "Verdad y Justicia: Derecho de todos, Responsabilidad del Estado". Crysol llama no sólo a sus miembros, sino a todos los integrantes de la Mesa Permanente contra la Impunidad, integrada, entre otros, por la Federación de Estudiantes Universitarios y el PIT-CNT.

La Central Obrera convoca a un paro parcial en la zona metropolitana entre las 15 y las 19, y deja a criterio de los sindicatos la forma de llevar adelante la medida.

Colorados acusan al FA

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, reunido este lunes, aprobó una declaración que expresa que "el propósito de anular la Ley de Caducidad es antidemocrático, porque desconoce los dos pronunciamientos populares que la respaldan", y que, además, es "inconstitucional".

Señala que "la decisión del Frente Amplio de usar su mayoría parlamentaria en contra de la voluntad del pueblo y de la Constitución, lesiona las bases mismas del Estado de Derecho de manera que no tiene precedentes en el Uruguay, por lo menos del 1 de marzo de 1985 hasta la fecha", al tiempo que critica que las decisiones del Plenario se imponen a los legisladores.

El CEN colorado expresa que el "principal responsable" de este "atentado contra las instituciones" es el presidente José Mujica, quien "toleró durante meses que el Canciller Almagro promoviera la ley anulatoria en nombre del Poder Ejecutivo y que ahora anuncia que, faltando a los deberes de su cargo, no vetará esa ley antidemocrática, inconstitucional y lesiva de la unidad nacional, como él mismo lo ha reconocido", al tiempo que también carga culpas sobre el expresidente Tabaré Vázquez, por expresar que "las mayorías no tienen derecho a decidir las cuestiones de máximo interés nacional".

Finalmente, la declaración señala que, nuevamente, "el Frente Amplio pone su afán de ajustar cuentas con el pasado por encima de su deber de tratar de resolver los problemas del presente y del futuro del país".