La medida de protesta, convocada por la Federación Agraria Argentina, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), las Confederaciones Rurales Argentinas y la Sociedad Rural Argentina, se realizará desde la primera hora del viernes 3 octubre hasta la medianoche del miércoles 8 de octubre.
En ese período, los productores rurales no comercializarán granos con destino a industrias y a la exportación, ni ganado vacuno, a excepción de los que provengan de zonas afectadas por la sequía.
El plan de lucha será acompañado por la instalación el martes de una carpa a las puertas del Parlamento y de movilizaciones en distintos puntos del país.
El miércoles 8 se realizará un acto de productores en la localidad bonaerense de San Pedro y un abrazo al edificio del Congreso, en Buenos Aires, tras lo cual las patronales volverán a reunirse para estudiar los pasos a seguir.
Esta es la quinta huelga comercial que convocan las patronales rurales de Argentina en lo que va del año, en el marco del conflicto con el Gobierno desatado en marzo pasado a partir de un esquema móvil de impuestos a las exportaciones de soja, maíz, girasol y trigo, que finalmente quedó sin efecto, después de no ser convalidado por el Parlamento.
Sin embargo, los dirigentes agropecuarios aseguran que los problemas del sector van más allá de los impuestos a las exportaciones (actualmente aplicados con tasas fijas y no móviles) y que los productores enfrentan serias dificultades por la sequía -la peor en cien años-, la caída de los precios internacionales de las materias primas y el alza de los costos de producción.
"No se puede desconocer el agravamiento de la situación que viven los productores", dijo en una rueda de prensa el titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, quien aseguró que "no hubo el menor adelanto" en el diálogo con el Gobierno.
El presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, aseguró que ésta vez la protesta no incluirá bloqueos de carreteras porque, dijo, el campo "no quiere poner a la sociedad en su contra".
El conflicto entre el campo y el Gobierno se desató el 11 de marzo último, cuando el Ejecutivo dictó una resolución por la que impuso impuestos móviles a las exportaciones de trigo, girasol, soja y maíz.
El rechazo al esquema tributario derivó en cuatro huelgas que impedían la comercialización de granos, bloqueos de carreteras y desabastecimiento de alimentos e insumos para la industria, que causaron millonarias pérdidas al país.
Presionada por el creciente del conflicto, la presidenta Cristina Fernández resolvió enviar al Parlamento un proyecto de ley para convalidar el polémico esquema tributario, pero la iniciativa sufrió un duro revés el 15 de julio, con el rechazo en el Senado con el voto adverso del vicepresidente del país, Julio Cobos.
La crisis política derivó en la salida del Gobierno del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y la decisión de la presidenta de dejar sin efecto los impuestos móviles a las exportaciones de granos.
Argentina es el primer exportador mundial de girasol, el segundo de maíz, el tercero de soja y el cuarto de trigo, y ocupa también puestos de relevancia en el comercio global de derivados (aceites y harinas) de estos granos.
Alfredo De Ángeli, presidente de la Federación Agraria Argentina, dijo al diario Clarín que "los Kirchner están resentidos con nosotros" porque el campo demostró que tiene capacidad de movilización, y "el Congreso les dijo no" a los planes de aprobar las retenciones, que fueron desestimadas por el Parlamento argentino.
Con información de EFE
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