"Lo que se preguntan muchos operadores es cómo esta reforma los va a afectar y cuáles serán los desafíos y medidas a encarar para poder sacarle provecho", adelantó Gianni Gutiérrez, socio y director del equipo de Derecho Tributario y Aduanero de FERRERE.

El panel de expositores estuvo integrado por el titular de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Enrique Canon, la directora de la división Jurídica y Notarial de la DNA, Roxanna Brizuela, el asesor jurídico de la DNA, Stanislao Lamenza, y Laura Caffera, integrante del departamento Tributario y Aduanero de FERRERE.

En la charla Canon se refirió a los cambios en el organismo y al objetivo de transformarlo en "un facilitador" del comercio exterior. "Quisimos hacer una Aduana controladora, pero eficiente. Que apoyara el desarrollo económico del país y sea vista como un servicio público", explicó.

Por su parte, la doctora Roxanna Brizuela, titular de la división Jurídica y Notarial de la DNA, quien estuvo en la génesis del proyecto, abordó los cambios en los regímenes de los despachantes y la necesidad de un nuevo código aduanero en Uruguay. Una cuestión "sustancial", a criterio de Brizuela, es que se deroga la competencia jurisdiccional de la Aduana. "La función jurisdiccional es propia del Poder Judicial. La Aduana, un órgano con función administrativa, no puede ser juez y parte", sentenció.

ZONAS FRANCAS. Otro de los cambios que establece el código tiene que ver con las Zonas Francas, que ahora pasan a formar parte del "territorio aduanero", al que se le aplicará dicha legislación pero sin perder ninguna de las exoneraciones . "Esto lo vemos como un plus. El hecho de que estemos presentes será un plus para todos los usuarios que realicen actividades dentro de Zona Franca", prevé Brizuela.

A su turno, el asesor jurídico de la DNA, Stanislao Lamenza, hizo mención a los regímenes especiales como la "consulta previa" y el mecanismo de auto revisión, que permite corregir, en determinados plazos y con menores sanciones, los errores que cometan los operadores. En el caso de consulta previa la DNA se autoimpuso un plazo de 30 días para responder al operador, según establece el proyecto de ley.

Laura Caffera, integrante del departamento Tributario y Aduanero de FERRERE abordó, entre otros puntos, la eventual responsabilidad de directores y gerentes en las infracciones aduaneras que determina el organismo hacia las empresas y asimismo los aspectos prácticos que deben considerarse para evitar cuestionamientos de precios de importación. En tal sentido, manifestó Caffera que "la reforma de la Aduana ha generado la especialización en la revisión, entre otros temas, del valor en aduana de las mercaderías y el incremento de los controles sobre este tema. Hemos detectado que las empresas confían en que en la medida que cuentan con estudios de precios de transferencia a nivel de DGI no tienen que realizar una revisión a nivel aduanero y ese es uno de los primeros errores", manifestó Caffera.