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* Profesor e investigador del Instituto de Ciencia Política de la UDELAR

chasquetti@montevideo.com.uy Gualeguaychú es la tercera ciudad en importancia de la provincia de Entre Ríos, cuyo pasado se entrelaza con la épica artiguista, y con la construcción del Estado federal argentino.

A comienzos del siglo XX, cuando Argentina ostentaba el mito de "granero del mundo", Entre Ríos era una de las provincias más pujantes del país gracias a su producción agropecuaria. Su situación actual no es muy diferente que la de hace un siglo, ya que su estructura económica sigue asentada en ese sector productivo (produce pollos, ganado bovino, arroz y soja). El sector forestal tuvo un importante desarrollo durante la última década, debido a las exportaciones de eucalipto y pino para la producción de pasta de celulosa. El desarrollo de ese sector se concentró en el entorno de la ciudad de Concordia (ciudad que curiosamente nunca cortó su puente) y se expandió hacia el interior de la provincia y la ribera del Río Uruguay.

A diferencia de otras provincias, Entre Ríos no desarrolló un sector industrial a mediados del siglo pasado, su población permaneció casi estancada, y su gravitación en el conjunto de la federación tiende a ser marginal. Sin grandes ciudades, sin equipos de fútbol célebres, y con una vida apacible y pastoril, Entre Ríos ha sido opacada en el imaginario nacional argentino. Fue cediendo, con el paso del tiempo, su sitial histórico de cuarta provincia a manos de otras, más pujantes y ricas en producción y población. Para muchos, Entre Ríos sólo es el territorio que atraviesan para ir a veranear a las playas uruguayas. Sin embargo, las vueltas de la vida le otorgaron a Entre Ríos una segunda oportunidad, cuando su vecino de la otra banda del río, otorgó el permiso a dos empresas europeas para construir un complejo fabril que procesaría más de un millón de toneladas de celulosa al año.

En junio de 2003 llegó a esa ciudad un grupo de ecologistas uruguayos para alertar sobre los proyectos del gobierno de Uruguay estaba tramando. Al principio los habitantes de esa ciudad no comprendían la información, ni tampoco las graves consecuencias anunciadas. Con el tiempo, la preocupación creció y el relato catastrófico comenzó a ganar terreno. En ese marco nació la "Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú". Se fueron integrando otros grupos ambientalistas, algunos argentinos y otros internacionales. No podía faltar entonces el controvertido gobernador de la Provincia, que comprometió rápidamente su apoyo al accionar de la Asamblea. Esa iniciativa "podría traer un muy buen rédito electoral", dijeron sus colaboradores. El Intendente de la pequeña ciudad también entendió oportuno acompañar la causa y desplegó el slogan de "una cruzada nacional en defensa de la vida".

Convergen, entonces, en la citada Asamblea, ciudadanos desinformados con legítimas intenciones, ambientalistas preocupados por la situación, ecologistas dogmáticos, ciudadanos nostálgicos del prestigio entrerriano perdido, militantes profesionales del ambientalismo, gobernantes irresponsables, ex militantes justicialistas y radicales decepcionados con la política -que hasta ayer gritaban "que se vayan todos" -, izquierdistas sin prospecto, derechistas temerosos ante el progreso, y gente del gobierno (nacional y/o provincial).

El funcionamiento de la Asamblea fue y es horizontal, dado que carece de estructuras directivas. Las decisiones se toman en forma soberana por los participantes de cada sesión. Esto otorga un gran poder a los que pueden invertir tiempo y recursos en participar, en detrimento de aquellos que carecen de dichas ventajas. En el momento de mayor esplendor, la Asamblea llegó a albergar más de un millar de ciudadanos, pero en las últimas instancias, los tomadores de decisión sobrepasaron a penas los cien.

En 1965, el economista estadounidense, Mancur Olson, publicó La lógica de la Acción Colectiva, donde señalaba que las personas no actúan voluntariamente para alcanzar un bien común, salvo que existan buenas razones (las llamó incentivos selectivos). Para Olson, el bien común es un bien público, y una vez obtenido debe ser brindado a todos los miembros del grupo, independientemente del esfuerzo que realizaron para alcanzarlo. De este modo, lo natural es que los individuos se abstengan de participar en acciones colectivas y esperen que otros inviertan tiempo y recursos en la obtención del bien público. Ese comportamiento egoísta para muchos- es conocido como free-rider (polizón) y destaca la actitud de aquellos que obtienen un bien colectivo sin aportar nada a cambio. Los otros individuos -los que participan en la lucha- suelen estar motivados por alguna razón positiva -como el reconocimiento social, el prestigio, o algún bien en particular- o negativa -como la coerción o el miedo a las consecuencias-. Sólo así se entiende por qué algunos ciudadanos se pliegan a las acciones colectivas y otros, actuando en nombre de la razón, no lo hacen.

En Gualeguaychú, la participación puede ser interpretada también de ese modo. Algunos están motivados por el reconocimiento de sus conciudadanos, el prestigio de luchar por una buena causa, etc. Otros actúan o hacen actuar a sus testaferros, en defensa de un interés económico específico. Hay también casos de participantes que gozan de la subvención pública, y una enorme mayoría que lo hace bajo el temor a las consecuencias que traerán las endemoniadas fábricas (enfermedades, muertes, etc.).

Por una razón u otra, movidos por la malicia, el interés, la inocencia o la credulidad, estos ciudadanos de Gualeguaychú, con la complicidad de las autoridades de su país, han generado hechos políticos impensables e insondables: dos países hermanos litigan en La Haya, el Mercosur agoniza en su peor crisis, y las Cancillerías intercambian dardos acusatorios cada semana. Mientras tanto, el tiempo pasa y en los alrededores de la zona de conflicto crece el rencor. La palabra "enemigos" se ha vuelto un concepto en boga. Algunos dicen que allí ya nada volverá a ser como antes.

Sin embargo, todavía estamos a tiempo de evitar lo peor. Los presidentes saben que la negociación política es el único camino para este conflicto irracional. Los ciudadanos bien intencionados de ambos países esperamos que se decidan de una vez por todas. Es cierto que las responsabilidades no son idénticas, ni que ambos han contribuido de igual forma a empeorar las cosas. Pero, el problema es de ambos y nos pesa a los dos países. Así no podemos continuar. Sigue siendo la hora de la política, y es imprescindible que los presidentes la practiquen.

* Profesor e investigador del Instituto de Ciencia Política de la UDELAR

chasquetti@montevideo.com.uy