Informe sobre viviendas abandonadas

Este jueves se presentó un informe sobre viviendas abandonadas realizado por la Defensoría del Vecino. La directora de Acondicionamiento Urbano de la Intendencia de Montevideo, Eleonora Bianchi, afirmó a Montevideo Portal que se necesitan herramientas organizativas y jurídicas para afrontar el tema.

Se estima que en el país hay al menos 45 mil viviendas abandonadas. Bianchi señaló que tiene mucho valor el trabajo transversal entre los gobiernos departamentales, el gobierno nacional y los municipios, agregando que con esa forma de trabajo se logró avanzar en la búsqueda de un realojo digno para las personas que ocupan fincas abandonadas.

En cuanto a las herramientas jurídicas, Bianchi señaló que es necesario aprobar la ley de fincas abandonadas que indica, en términos generales, que los propietarios que no asumen las responsabilidades de mantenimiento de la propiedad, establecidos en la ley de ordenamiento territorial, son susceptibles de que el Estado les remate el bien.

Bianchi explicó que no se trata de una expropiación, porque el Estado no le paga al propietario por abandonarlo y señaló que siempre en el caso de que la situación de abandono, que afecta los derechos de otros propietarios del entorno, se extienda por un período mayor a cinco años.

El informe fue realizado a partir de un relevamiento de 2.500 manzanas en los Municipios B y C, que abarcan los barrios de Cordón, Parque Rodó, barrio Sur, Centro, Capurro, Prado, La Comercial y Jacinto Vera, donde se concentra el mayor número de fincas abandonadas.

En la presentación participaron la defensora del vecino Ana Agostino, y el embajador de España en Uruguay, Roberto Varela. También expusieron la directora del Departamento de Acondicionamiento Urbano de la IM, Eleonora Bianchi; el alcalde del Municipio B, Carlos Varela; el concejal Horacio Pérez (Municipio C); el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame; el presidente del Instituto del Niño y Adolescente (INAU), Javier Salsamendi; y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker.