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La jueza Julia Staricco dispuso el procesamiento de 12 personas -seis de ellas con prisión- por su vinculación con el ofrecimiento comercial y la venta ilegal del fármaco Misoprostol, con el que puede interrumpirse el embarazo.
La magistrada dispuso el procesamiento y prisión de P.A.C., A.V.D.S., M.M.V. y M.D.C.V. por la "comisión de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de ofrecimiento comercial o venta de sustancias genuinas por persona inhabilitada para ello".
Asimismo, dictó el procesamiento sin prisión de M.M., K.T.R., B.V. y J.S. por el mismo delito, imponiendo a tres de ellos, en carácter de medida sustitutiva de la prisión, el arresto domiciliario durante los fines de semana en el horario de 20:00 a 08:00 del día siguiente, por un lapso de 120 días, bajo control de la Oficina de Seguimiento de Libertad Anticipada (OSLA) o de la seccional policial correspondiente al respectivo domicilio.
También procesó a B.M., imponiéndole como medida sustitutiva la concurrencia a la OSLA dos veces por semana, por un lapso de 120 días, tres horas cada vez, para realizar tareas comunitarias. En el caso de M.V. se sustituye la prisión carcelaria por prisión domiciliaria.
Igualmente, la jueza Staricco dictó el procesamiento con prisión de J.R.M., M.S. y S.G.L. (dueños de dos farmacias), por la comisión de reiterados delitos de expedición sin receta médica (art. 222 del Código Penal), sustituyendo la prisión carcelaria por prisión domiciliaria.
Todos los procesados con prisión domiciliaria deberán concurrir a control de médico forense el día 19 de octubre.
Staricco también dispuso la libertad para R.E. (dueño de otra farmacia) y requirió la ubicación y detención de otras dos personas que podrían estar implicadas en estos hechos, informó el Poder Judicial.
En el marco de la Operación Pharma II se realizaron cinco allanamientos y se inspeccionaron tres farmacias. En esas actuaciones se incautaron 372 pastillas, empaquetadas en frascos y blísters de cuatro unidades, con un valor aproximado en el mercado de más de $ 500.000, tres computadoras portátiles, 14 teléfonos celulares y $ 36.490 en efectivo.
La investigación reveló que algunas de las pastillas ingresaban al país de manera ilegal, y eran envasadas por los imputados en recipientes adquiridos en plaza. Otras pastillas eran compradas directamente en farmacias. Ahora, se analiza si las etiquetas de presentación de los envases incautados son auténticas o falsificadas, a efecto de deslindar responsabilidades de los laboratorios.
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