Presentan hoy nuevo recurso para que María y su hija puedan quedarse en Uruguay

La Jueza Letrada de Familia de 8º Turno, Dra. Rossana Pose, declaró días atrás acreditado el cumplimiento de las condiciones para la restitución a España de una niña que fue traída por su madre desde ese país, reteniéndola en Uruguay sin la autorización del padre.

El caso generó mucha controversia meses atrás, luego de que la mujer expresara que decidió quedarse en Uruguay aduciendo que en España su hija estaba siendo sometida a abuso sexual por parte de su padre.

En diciembre del 2016 el Tribunal de Apelaciones de Uruguay impuso que una vez que madre e hija llegaran a España, el hombre no podía acercarse a ambas "en un radio de 500 metros". También dicho tribunal determinó que será la madre de la niña "quien ejercerá la tenencia provisional". El fallo de diciembre también indicaba que el padre debía levantar una denuncia penal que había presentado contra su expareja y que la madre y la niña deberían irse de Uruguay solamente cuando estas medidas estén garantizadas por parte de la Justicia española. Pese a que estas condiciones no se cumplieron a tiempo, se decidió la restitución.

La Justicia fue criticada por actuar en forma opuesta con dos decisiones: la de proteger a la niña y la madre, disponiendo una prohibición de acercamiento, y a su vez obligarlas a regresar a España.

El Instituto Nacional de las Mujeres del Mides y el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (Inau) afirmaron en un documento que "la niña y su madre no deberían ser enviadas donde se encuentra el agresor en tanto se está perpetuando la violencia y poniendo en riesgo su vida e integridad."

"La normativa vigente en nuestro país establece que el interés prioritario a contemplar debe ser el de esta niña y por tanto las decisiones que se adopten desde las instituciones del Estado deben garantizar su debida protección y el efectivo ejercicio de sus derechos humanos", reza el escrito.

El caso también hizo eco en nuestra sociedad, que está usando la etiqueta #Maríanoseva en las redes sociales para que la menor permanezca en el país.

Además, varias organizaciones llamaron a la sociedad a que se una en una marcha a favor de que la menor permanezca en Uruguay. Tendrá lugar el próximo 3 de octubre a las 18.00 hora frente a la Suprema Corte de Justicia en Montevideo, informó EFE.

Declaraciones

La secretaria letrada del INAU, Andrea Venosa, aseguró a Montevideo Portal que se enteraron del caso por la prensa y que al analizarlo en detalle notaron elementos preocupantes.

"Vimos que hubo violencia doméstica en España hacia la madre y la niña. Y los niños, cuando están en un ámbito donde se ejerce violencia doméstica, son víctimas directas. Está probado que el agresor era el padre", dijo Venosa.

A su juicio, "hay otros elementos que no se tomaron en cuenta, como el presunto abuso sexual que habría sufrido la niña en España, cuando estaba con su padre". "En ese sentido, nos parece riesgoso una decisión judicial de restitución a España, teniendo en cuenta que el agresor está allí , y que la menor no tiene la misma protección y contención en España que la que tendría en Uruguay", dijo.

Calificó de "compleja" la decisión judicial. Opinó que hay "cuestiones que dejan dudas", lo que abre esperanza de que la Suprema Corte de Justicia revise la sentencia, ya que hoy los abogados de la familia presentarán un recurso de amparo.

Otras dudas

Venosa recordó que la decisión se determinó en diciembre del año pasado, pero condicionada a ciertos requisitos que debía cumplir el padre en la Justicia española, en un lapso de treinta días. Uno de esos requisitos era "la clausura de la denuncia penal que interpuso el padre a la madre por secuestro", y el otro "que los tribunales españoles determinaran medidas cautelares para prevenir violencia contra la niña y el madre". "No fueron cumplidas a los 30 días ambas cosas, por lo que la norma internacional de restitución es que al no cumplirse las condiciones a los 30 días, la decisión caduca y no se puede reabrir", dijo.

Sin embargo, el padre se presentó seis meses después probando que cumplió las condiciones, pero recién ahora. "La jueza determina que se debe ejecutar la decisión que para nosotros ya estaba caduca. Lo otro es que la Convención de La Haya establece que cuando los niños están más de un año en un lugar, los tribunales que son competentes son los de ese país en lo que tiene que ver con la tenencia. Hace un año y medio que está la niña aquí, por lo que las cuestiones deben resolverse aquí y no en España", concluyó.