La empresa Aratirí fundamentó su demanda internacional contra el Estado uruguayo a "la conducta arbitraria y no transparente del gobierno uruguayo" durante el proceso de negociación del Proyecto Valentines. La firma internacional considera que la postura de Uruguay "es violatoria del Tratado internacional de protección a las inversiones entre el Reino Unido y la República Oriental del Uruguay".

Este jueves, el semanario Búsqueda informó que los representantes de la empresa comunicaron al gobierno el inicio de una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) al entender que Uruguay había perjudicado a la empresa con sus acciones.

A través de un comunicado emitido en la tarde de este jueves, la empresa repasó los elementos que llevaron al diferendo con el Estado uruguayo. Según la declaración, en su momento "el gobierno incentivó a los inversores desde el comienzo a que desarrollaran el proyecto". "Incluso se llegaron a negociar (y estuvieron a punto de firmarse) varios acuerdos para facilitar su implementación", agrega.

A pesar de esa situación, y los permisos de prospección y exploración con que contaba la empresa, Aratirí asegura que "el gobierno implementó cambios a las reglas de juego afectando específicamente el proyecto, y de forma retroactiva".

La empresa asegura que fue el gobierno quien "instó" a la Aratirí a instalarse en un "lote propiedad del Ministerio de Defensa" en el paraje La Angostura. Sin embargo, y "luego de que los inversores gastaran decenas de millones de dólares diseñando el puerto en ese lugar y haciendo todos los estudios del caso", el gobierno " decidió unilateralmente que el puerto del proyecto debía ubicarse en otro lugar, en el que el gobierno quería desarrollar un puerto de aguas profundas".

"La compañía mostró su buena voluntad y, a pesar de los gastos adicionales y el retraso que conllevaba, cambió la ubicación del puerto", asegura el comunicado.

Y continúa con sus descargos: "Luego, el gobierno volvió a dar vuelta su posición y derogó las regulaciones sobre el puerto de aguas profundas, tornando aún más incierta la ubicación. Finalmente, cuando la compañía solicitó que se volviera al plan original propuesto por el gobierno, el Ministerio de Defensa se rehusó a permitir el uso de aquel lote a ese efecto".

"Los inversores confiaron en la conducta del gobierno y en sus promesas con respecto al proyecto", se queja la empresa, recordando que "en base a ello invirtieron cientos de millones de dólares" y que la empresa llegó a emplear a "casi 200 individuos", previendo llegar a contratar a "miles de uruguayos".

"Lamentablemente, ello no fue posible debido a la conducta del gobierno, que no cumplió con sus promesas ni sus obligaciones, frustrando así el desarrollo del proyecto y causando muy importantes pérdidas los inversores", concluye el comunicado.