Semanas atrás, la Institución Nacional de Derechos Humanos recomendó a la Ursec aplicar "medidas sancionatorias" contra la empresa Tenfield por no acceder a ceder la señal de televisión de los partidos de Uruguay por las Eliminatorias.
El pedido había sido realizado por varias organizaciones en base a la normativa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya aprobada, que establece que "en caso de emitirse por televisión los eventos que involucren actividades oficiales de las selecciones nacionales de fútbol y básquetbol en instancias definitorias de torneos internacionales, y en instancias clasificatorias para los mismos, deberán ser emitidos a través de un servicio de radiodifusión de televisión en abierto y en directo y simultáneo".
La Ursec ya realizó un informe jurídico sobre esta petición, que concluye que "no hay mérito" para sancionar a Tenfield por no habilitar la emisión abierta de los partidos y que sí debería liberar la señal en caso de encuentros definitorios, como los del repechaje, según adelantó El Observador ayer.
La denuncia presentada a la Institución Nacional de Derechos Humanos fue realizada por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) y la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).
Tras este primer informe jurídico de la Ursec, Cainfo anunció que está dispuesto a reclamar internacionalmente para que Tenfield cumpla con la ley.
Así lo anunció Gustavo Gómez, director del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia Consultor del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), en conversación con el programa De Ocho a Diez de Radio Uruguay.
"La sensación que tenemos es que el análisis es incorrecto (...) La Ursec lo que está haciendo es dar a conocer su opinión preliminar. Nosotros esperamos los fundamentos para desarmar esa posición", dijo.
Si la Ursec confirma la recomendación del jurista analizarán "todos los escenarios, incluidos los internacionales". "Acá estamos hablando de una legislación amparada por un Parlamento democrático que ampara el derecho de la población sobre una empresa. Si el Estado omite o incumple esos derechos vamos a reclamar ante el Estado, la justicia o en ámbitos internacionales", agregó.
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