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Se instaló este jueves el Gabinete Coordinador de Políticas Destinadas a las Víctimas y Testigos de Delitos, un espacio integrado por la Fiscalía de la Nación y varios ministerios con el objetivo de coordinar las medidas que apunten a "la protección y atención de víctimas y testigos de delitos".
El organismo se conforma con la Fiscalía General de la Nación y los Ministerios del Interior, de Desarrollo Social, de Trabajo, de Vivienda y de Salud Pública. Además, contará con la participación del INAU, el BPS y, la Defensoría Pública del Poder Judicial y la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Durante el acto de instalación del gabinete, el fiscal de Corte Jorge Díaz remarcó que la atención a las víctimas pasó a ser una de las "obligaciones fundamentales" de los fiscales con la vigencia del nuevo código penal, ya que "la víctima dejó de ser un objeto de prueba y pasó a ser un sujeto de derechos".
Díaz señaló que para la Fiscalía General de la Nación lo mejor no era "elaborar una nueva estructura para la atención directa" de las víctimas sino "aprovechar la infraestructura que el Estado ya tenía, articulando una respuesta desde la Fiscalía".
El fiscal de corte puso como ejemplo la posibilidad de que el fiscal del caso pueda gestionar ante el prestador de salud de la víctima una "atención prioritaria", por padecer una dolencia producida por un delito violento.
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