Locales

Apelando al corazón

Reclaman al MSP que algunos estudios cardíacos se incluyan entre prestaciones obligatorias

La Sociedad Uruguaya de Cardiología pretende que los estudios electrofisiológicos, las ablaciones cardíacas y la implantación de desfibriladores dejen de estar solo al alcance de quienes pueden pagarlas.
19.07.2017 12:42
2017-07-19T12:42:00

La Sociedad Uruguaya de Cardiología reclamó al Ministerio de Salud Pública a través de un comunicado que los estudios electrofisiológicos y la técnica de ablación se incluyan en la lista de prestaciones obligatorias que deben ofrecer las mutualistas y hospitales del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). También piden que el implante de desfibriladores sea financiado sin excepciones por el Fondo Nacional de Recursos (FNR).

Los estudios electrofisiológicos (EEF) emplean técnicas de cateterización cardíaca para estudiar a aquellos pacientes que sufren de irregularidades en los latidos del corazón (arritmias). La ablación es un tipo de cateterismo indicado en pacientes con taquiarritmias y en la gran mayoría de ellos ofrece la cura definitiva (más del 90%). Es de las pocas opciones de cura definitiva para enfermedades crónicas que existen en la medicina.

"Hoy estas técnicas están al alcance solo de quienes pueden pagarlas, ya sea en Uruguay o incluso debiendo viajar al exterior, viéndose muchas personas obligadas a demandar estos tratamientos a través de la Justicia. El objetivo de los cardiólogos uruguayos es garantizar la igualdad de posibilidades en el acceso de toda la población a técnicas que pueden prevenir problemas cardíacos graves y hasta salvar la vida de los pacientes", indica el comunicado.

En el 2008 el MSP incluyó los estudios electrofisiológicos y las ablaciones en el catálogo de prestaciones obligatorias que deben ofrecer mutualistas, hospitales y seguros privados, pero como nunca reglamentó estos servicios, hasta el día de hoy no entró en vigencia tal obligatoriedad, aclaró la Sociedad de Cardiología.

La mayoría de las mutualistas "no cubren nunca estos procedimientos, o lo hacen exigiendo un co-pago al paciente del 50%", montos que "muchas veces no están al alcance del paciente, por lo que no se realiza el procedimiento".

Los seguros privados lo cubren con restricciones y las entidades públicas (ASSE, Sanidad Policial y Sanidad Militar) lo cubren algunas veces, dependiendo de sus economías. En tanto el Hospital de Clínicas realiza los procedimientos a sus pacientes con recursos propios.

Por último, el BPS cubre los procedimientos de los pocos pacientes que atiende, y también de aquellas personas que "se enteran" de tal posibilidad y consiguen que su mutualista les extienda una carta en la que se especifica que no cubren estos estudios porque no están incluidos en el catálogo de prestaciones obligatorias, reporta la Sociedad. "En definitiva, el sector público termina financiando los procedimientos que niega el sistema privado", indica.

Por todo esto "hay una gran inequidad entre los pacientes en cuanto al acceso a estos estudios y técnicas que pueden salvar vidas". "Los que tienen recursos pagan la totalidad o parte de los costos y otros viajan al exterior. Pero quienes no cuentan con esos medios no son estudiados ni tratados. Estos pacientes se vuelven crónicos y terminan recibiendo medicación de por vida, deben consultar periódicamente en servicios de urgencia y padecen complicaciones secundarias a la arritmia y la mediación. Tienen claramente afectada su calidad de vida", aclara el comunicado.

Desfibriladores

En cuanto a la instalación de los desfibriladores, se trata de un tratamiento que financia el Fondo Nacional de Recursos (FNR), "pero con enromes restricciones". En pacientes con las enfermedades cardíacas más frecuentes (coronaria y cardiopatía dilatadas) "solo cubre el implante si ya han sufrido un paro cardíaco o similar y fueron reanimados, si no tienen una causa reversible y si no se les hizo una angioplastia". La Sociedad de Cardiología recuerda que la chance de sobrevivir a un paro cardíaco fuera de un hospital es menor a 10%.

Desde hace más de 15 años existe evidencia científica que fundamenta el implante de desfibriladores como técnica de prevención primaria, antes de que un paciente se muera y deba ser reanimado.

En el año 2015 hubo conversaciones entre la Sociedad Uruguaya de Cardiología y el FNR para comenzar a financiar este implante en casos de prevención primaria. Se hizo la propuesta de cubrir un número finito de implantes (alrededor de 50) "debiendo los médicos decidir quiénes recibirían el desfibrilador y quiénes no". "Este mecanismo es único entre todas las prestaciones que realiza el FNR y nos pareció inapropiado. Nunca más se avanzó en las conversaciones", indicó la SUC.

Muchas veces los pacientes recurren a la Justicia para que obligue al FNR a cubrir el costo de este implante que puede salvarles la vida. "Los recursos de amparo vienen en aumento y tenemos la firme convicción de que el FNR ya considera parte del mecanismo ‘normal' tener que aceptar la indicación del implante por vía judicial como método de prevención primaria. Esto genera una violenta inequidad con los pacientes que no tienen los medios económicos y sociales, o desconocen la vía judicial como último recurso para hacer valer sus derechos", agregan.

En consideración a todos estos argumentos, los cardiólogos especialistas en arritmias reclama al MSP que reglamente después de casi 10 años la obligatoriedad de los estudios electrofisiológicos y las técnicas de ablación por parte de las mutualistas, seguros privados y hospitales. Además, que el FNR financie los implantes de desfibriladores como método de prevención primaria, sin restricciones.