Maldonado denunció la Ley de Acceso a la Información Pública por inconstitucional

La Intendencia de Maldonado presentó ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Acceso a la Información Pública, en el marco de un litigio judicial con dos ediles del Frente Amplio que habían presentado 17 pedidos de informes a través de ese mecanismo.

Según informó FM Gente, la Intendencia de Maldonado estaba citada el jueves a una audiencia en la Justicia Civil, correspondiente a una acción de acceso a la información pública presentada por los ediles de la lista 738 del Frente Amplio Fermín de los Santos y Leonardo Delgado, tal como lo prevé la ley de Acceso a la Información Pública.

Sin embargo, y según recoge la web de la emisora fernandina, la juez María Constanza Farfalla suspendió la audiencia el miércoles luego de que el gobierno departamental presentara un recurso de inconstitucionalidad. El expediente deberá pasar entonces a la Suprema Corte de Justicia, que deberá fallar sobre el recurso para que la causa pueda seguir adelante.

En diálogo con Montevideo Portal, el edil De los Santos opinó que el recurso presentado "no tiene un fundamento legal" y calificó la acción de la Intendencia de Maldonado como "un intento burdo de dilatar" la respuesta a los pedidos de informes.

El legislador departamental reivindicó que los ediles puedan recurrir a la Ley de Acceso a la Información Pública "como cualquier ciudadano", a pesar de que la Constitución dispone que pueden presentar pedidos de informes al ejecutivo departamental. "Lo hacemos porque la Intendencia responde cuándo quiere nuestros pedidos de informes", argumentó.

De los Santos dijo que su reclamo al gobierno de Enrique Antía "tiene el respaldo de la Agesic (Agencia para el Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información)".

Los pedidos de informes presentados por los dos ediles de la 738 referían a temas como la situación económico financiera de la Intendencia de Maldonado en los años 2015 y 2016, detalles sobre los ingresos por contribución inmobiliaria o ingresos de cargos de confianza a la administración.