"Crece la presión pública para que las autoridades uruguayas adopten estrategias de seguridad de línea dura contra el aumento percibido de la violencia asociada a pandillas, pero ceder a esas demandas podría entorpecer los esfuerzos de largo plazo que han hecho del país uno de los más seguros de Latinoamérica", afirma un artículo publicado por InSight Crime, una fundación internacional dedicada al estudio del crimen organizado en América Latina y el Caribe.

En dicho artículo, la fundación traza un bosquejo de los hechos más significativos de la agenda política vinculada a la seguridad en las últimas semanas, como las polémicas declaraciones del jefe de Policía, Mario Layera, al periódico El Observador. En ese reportaje, el jerarca advertía que nuestro país iba "rumbo a Guatemala o El Salvador", respecto a la incidencia del crimen organizado.

En respuesta, el presidente Vásquez afirmó que Uruguay está "realmente lejos de ese escenario". No obstante, el 15 de mayo su administración envió un proyecto de ley al Parlamento, para reforzar la coordinación entre la policía, fiscales y las cortes, y dar "mayor flexibilidad" y "respaldo legal" para que los agentes de policía hagan su trabajo.

El artículo recuerda que, pese a lo solicitado desde algunos sectores, el mandatario se negó a "sacar a los militares a la calle" para realizar tareas de competencia policial. "Uruguay no vive una situación de guerra", sostuvo.

El reporte se completa con un análisis elaborado por el equipo de InSight Crime acerca de la situación de la seguridad en Uruguay.

"Los temores públicos sostenidos sobre un aumento percibido presionan la implementación de respuestas de mano dura por parte de los funcionarios del gobierno uruguayo. Sin embargo, siguen sin explicarse la gravedad real de la violencia y los factores que la empeoran, y una respuesta mal planeada podría exacerbar la inseguridad, como ha ocurrido en otros países de la región", reza el análisis de InSight Crime.

"Los recientes temores por el recrudecimiento de la violencia criminal parecen tener relación en su gran mayoría con reportajes de medios anecdóticos y sensacionalistas", detalla el estudio, recordando que "las estadísticas oficiales muestran que la tasa de homicidios en Uruguay -una de las más bajas de la región- se ha mantenido relativamente estable en el último cuarto de siglo, y en realidad ha bajado desde 2015".

Al mismo tiempo, datos oficiales muestran que la proporción de homicidios relacionados con enfrentamientos entre grupos criminales puede estar aumentando. "En 2012, los conflictos entre grupos criminales representaron el 25 por ciento del total de muertes violentas, mientras que en 2017 correspondieron al 45 por ciento, y en el primer trimestre de 2018, sumaron el 58 por ciento".

"El éxito de Uruguay en el mantenimiento de bajos índices de violencia se debe en gran parte al énfasis del gobierno por profesionalizar su cuerpo de policía y al uso de datos y tecnología para dirigir de manera eficiente sus intervenciones contra el crimen. Pero experiencias en países como Brasil, México, Guatemala y El Salvador han demostrado cómo la presión pública motivada por la percepción de inseguridad puede mover a los gobiernos a implementar políticas militarizadas que en la mayoría de los casos tienen limitada eficacia a largo plazo", concluye el análisis.