Manini, Nin y Vidalín: qué postura tomaron los partidos en casos anteriores de desafuero

Las denuncias por explotación sexual que enfrenta el senador nacionalista Gustavo Penadés pusieron otra vez en el debate público al uso de los fueros parlamentarios. Si bien el legislador manifestó este martes que pedirá un trámite inmediato en caso de que la Justicia lo disponga, el proceso de aplicación de la herramienta implica que estos deban ser votados y eventualmente levantados por la Cámara de Senadores.

La movida de Penadés de esta semana allanó el camino a la bancada del Partido Nacional, en tanto afirmó que no pondrá resistencia política a perder la inmunidad judicial. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo este miércoles que “era lo lógico” que Penadés no se ampare en los fueros. Por su parte, desde el Frente Amplio advierten que, al pasar por alto el trámite del asunto en comisión, el senador evita así una mayor exposición del tema y una eventual dilatoria de su trámite, dijeron a Montevideo Portal fuentes parlamentarias.

Los últimos años dejaron sobre la mesa distintos antecedentes, que marcaron la postura de diferentes partidos sobre el uso y alcance de la inmunidad parlamentaria.

Los casos del cabildante Guido Manini Ríos, el frenteamplista Rodolfo Nin Novoa y el nacionalista Carmelo Vidalín, en los que el desafuero no prosperó, mostraron posicionamientos sin un patrón común. Más bien se ve que ha primado el análisis caso a caso, y cierto alineamiento de los legisladores a la postura adoptada por el acusado en cuanto a si aferrarse o no a los fueros.

Además, hubo distintos dirigentes políticos que renunciaron a su banca en medio de procesos judiciales y, por tanto, no enfrentaron la instancia del desafuero, con el exvicepresidente Raúl Sendic, después condenado, como el caso más sonado.

Las tres “patas” de los fueros

Los fueros parlamentarios están consagrados en la Constitución en los artículos 112, 113 y 114, donde se establecen tres tipos de inmunidad jurídica para diputados y senadores. Así, si bien en primer término los fueros alcanzan al legislador, en los hechos son una protección para el Parlamento como institución.

El espíritu de la normativa es proteger la independencia de los legisladores, bajo la premisa de que puedan ejercer su función sin riesgo de ser detenidos por decisión del gobierno de turno o de un juez. Por tanto, entre los legisladores es aceptado que los fueros son de la Cámara, y no de los representantes individuales.

El proceso determina que un legislador no puede resolver sobre sí mismo, sino que siempre está sometido a la decisión del conjunto.

El artículo 112 de la Constitución establece que los legisladores “jamás” serán responsables por los votos y opiniones que emiten en el desempeño de sus funciones, y el artículo 113 que ninguno puede ser arrestado, “salvo en caso de delito infraganti”, cuando se deberá dar cuenta a la Cámara respectiva.

Esto es complementado por el artículo que le sigue. “Ningún senador o representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aún por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del tribunal competente”, dice la Constitución.

El caso de Guido Manini Ríos

Guido Manini Ríos en la Cámara de Senadores. Foto: Dante Fernández / FocoUy

La última vez que los legisladores enfrentaron un debate por el uso de los fueros parlamentarios fue el caso del senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, excomandante en jefe del Ejército.

El fiscal Rodrigo Morosoli lo acusó de haber cometido un delito por omitir denunciar ante sus superiores las confesiones en 2018 del represor José Gavazzo ante un Tribunal de Honor del Ejército, quien dijo haber arrojado al río Negro a Roberto Gomensoro en 1973.

La Cámara de Senadores debatió el desafuero de Manini Ríos en setiembre de 2020. La sesión terminó con 16 votos en contra y 15 votos a favor, por lo que la solicitud no prosperó, ya que eran necesarios 21 votos positivos. Los 13 legisladores del Frente Amplio y los dos de Ciudadanos votaron a favor. Mientras los 11 del Partido Nacional, tres cabildantes y los dos de Batllistas lo hicieron en contra.

Tanto en campaña como luego de asumir su banca, Manini Ríos había dicho que se sometería a la Justicia sin ampararse en los fueros, pero luego cambió su postura.

Daniel Bianchi y Wilson Aparicio Ezquerra

El senador Daniel Bianchi, electo como suplente dentro del Partido Colorado, pero en Cámara en ese momento por el Partido de la Gente tras romper con su anterior colectividad, perdió la inmunidad parlamentaria en abril de 2019. La Cámara votó por unanimidad el levantamiento de los fueros luego de que el legislador chocara a tres autos en Punta del Este cuando conducía en estado de ebriedad durante el verano de ese año. La Justicia lo condenó a trabajo comunitario.

El diputado del Partido Nacional Wilson Aparicio Ezquerra —sobrino del actual intendente de Tacuarembó— también enfrentó el levantamiento de sus fueros por haber atropellado, en agosto de 2017, a una mujer mientras manejaba alcoholizado. El desafuero fue votado en noviembre de ese año. El legislador había pedido al Parlamento, mediante una carta, la renuncia a su inmunidad jurídica. Hoy en día se desempeña en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Rodolfo Nin Novoa

Nin Novoa fue vicepresidente de Tabaré Vázquez entre 2005 y 2010. Foto: Federico Gutiérrez / FocoUy

Rodolfo Nin Novoa enfrentó en 2011 un pedido de desafuero, cuando era senador del Frente Amplio. El proceso tuvo origen a raíz de una acusación de omisión en su declaración jurada cuando era vicepresidente, en el período anterior, donde no especificó la participación en una empresa rural junto con sus hermanos.

Nin Novoa fue acusado de “falsificación ideológica”. A instancias del Frente Amplio, y también con votos colorados, el Senado rechazó en agosto de 2011 por 19 votos en 28 la solicitud de la Justicia, por entender que no había mérito para acceder al pedido de la jueza Fanny Canessa, que buscaba seguir adelante con el proceso. Mientras los blancos cuestionaron al Frente Amplio por partidizar el debate, la fuerza política aseguró que no hubo ocultamiento de bienes.

Carmelo Vidalín

Vidalín fue intendente de Durazno en distintos períodos. Foto: archivo

El actual intendente de Durazno, que en 2011 era diputado, también enfrentó un pedido de desafuero. El dirigente blanco fue acusado en 2009 por Presidencia de la República de presuntas irregularidades en el manejo de fondos para atender evacuados por las inundaciones de 2007, cuando también era jefe comunal. La denuncia fue contra el Comité Departamental de Emergencias, que presidía Vidalín y también integraban otras dos personas.

La solicitud de la Justicia ingresó a la Cámara de Representantes en febrero de 2011 y, días después, pasó a la Comisión de Códigos, Constitución, Legislación y Administración, según consta en las actas parlamentarias, pero nunca fue tratado, dijeron a Montevideo Portal legisladores y funcionarios del legislativo de ese momento.

La denuncia fue archivada en 2015. La Justicia resolvió no hacer lugar a la solicitud de enjuiciamiento formulada por Fiscalía, por no encontrarse probados los hechos denunciados.

El Partido Nacional afirmó desde un principio que veía motivos políticos en la denuncia en su contra. Vidalín dijo a Montevideo Portal que fue “un proceso doloroso” y afirmó que, una vez que dejó la banca, se presentó ante la Justicia. El dirigente desestimó hacer comentarios sobre si hubo una intención política de perjudicarlo.

Carlos Signorelli, Da Silva Tavares, Germán Araújo y Erro

El Parlamento también enfrentó otros procesos de desafuero. Por ejemplo, la Cámara de Diputados votó en 2008 el desafuero del exintendente colorado de Artigas Carlos Signorelli, acusado de cometer fraude en su gestión. La solicitud fue aprobada por 83 diputados y tuvo el rechazo del Foro Batllista y de la Lista 15. El exintendente fue condenado a dos años de prisión. El dirigente luego abandonó el Partido Colorado.

En 1991 hubo un pedido de desafuero del colorado Armando Da Silva Tavares por delitos impositivos, y fue rechazado. El hombre fue condenado en 1998 cuando no tenía fueros, y en 2005 fue detenido en Panamá por presunta estafa, según recordó el periodista Miguel Arregui en una columna publicada en 2016 en El Observador.

El comunista José Germán Araujo fue expulsado del Senado en 1986 con votos de blancos y colorados, que lo acusaron por convocar en una radio a actos violentos contra legisladores por la aprobación de la Ley de Caducidad. El politólogo Óscar Bottinelli, que por años trabajó como secretario político del fundador Frente Amplio Líber Seregni, señaló en distintas columnas que esa expulsión careció del debido proceso. En este caso se aplicó el artículo 115 de la Constitución, donde se establece que “cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes”.

Este procedimiento también fue aplicado en 1997 sobre el diputado frenteamplista Leonardo Nicolini, suspendido por seis meses de su actividad parlamentaria al ser acusado por presentar pruebas falsas a una comisión investigadora. Nicolini luego volvió al Parlamento y fue electo senador, pero renunció en 2007 tras constatarse que tramitó un “carné de pobre” para atenderse en salud pública.

Pero el caso más dramático fue el de Enrique Erro, cuando, en 1973, la justicia militar pidió su desafuero por sus vínculos con la guerrilla tupamara. Según recordó el periodista Arregui, en otra columna en El Observador, el desafuero del senador frenteamplista y exministro blanco derivó en una pulseada entre el gobierno de Juan María Bordaberry y la oposición. El pedido de desafuero no prosperó en el Senado y llevó a una solicitud de juicio político en Diputados, que fue rechazado por un voto de diferencia el 21 de junio. Este fue el último acto parlamentario antes del golpe de Estado, formalizado el 27 de junio de 1973.

Antes, en octubre de 1948, fue pedido el desafuero del diputado comunista Rodney Arismendi, luego convertido en histórico referente de ese sector de la izquierda. La solicitud, que no prosperó, fue por una manifestación de integrantes del Partido Comunista de Uruguay (PCU) luego de la exhibición de una película anticomunista en el Cine Trocadero. En tanto, en 1941 ocurrió el desafuero del colorado Alejandro Kayel, por su ideología pronazi.

Los renunciantes: Sendic y Placeres

Raúl Sendic, exvicepresidente. Foto: Gastón Britos / FocoUy (archivo)

El Parlamento también supo de casos en los que distintos dirigentes renunciaron a sus bancas mientras enfrentaron procesos judiciales, con lo que perdieron sus fueros.

Uno de los últimos casos fue el de Sendic. El exvicepresidente renunció a su cargo el 9 de setiembre de 2017, en medio del escándalo por el uso que dio a las tarjetas corporativas de Ancap cuando estaba en el ente, y después de la polémica por el título de licenciado en Genética Humana que no tenía.

Sendic fue condenado en 2021 por abuso de funciones en su actuación con la empresa Exor, y peculado, esto último debido a la apropiación indebida de dinero del Estado al realizar compras personales con la tarjeta corporativa.

El frenteamplista Daniel Placeres fue otro que renunció a su banca en medio de un proceso judicial. El diputado del Movimiento de Participación Popular dejó su lugar luego de que un fiscal solicitara quitarle los fueros para solicitar su procesamiento por “conjunción del interés personal y público” en la causa de Envidrio.