Policía que golpeó a motociclista declaró que su actitud fue “excesiva e inapropiada”

El fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1er Turno, Enrique Rodríguez, obtuvo la condena de un funcionario policial que agredió a un motociclista en la zona de Jardines del Hipódromo, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal. Se lo condenó por abuso de funciones y lesiones personales en calidad de autor.

“Fue condenado a 12 meses, uno de prisión efectiva y 11 meses de libertad a prueba, que incluye la presentación en la seccional policial una vez por semana durante cuatro meses y tres meses de trabajo comunitario”, explicó a Montevideo Portal el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech. También se dispuso la imposibilidad de acercarse o comunicarse por cualquier medio con la víctima. Las imágenes de la agresión fueron difundidas el 3 de marzo por el periodista Gabriel Pereyra en su cuenta de Twitter.

Este miércoles la Fiscalía hizo pública la acusación contra este efectivo, donde dio algunos detalles más del caso y explica el contexto de la situación. Con respecto a esto último, la Fiscalía indica que el policía se encontraba cumpliendo funciones de patrullaje y control vehicular junto a su compañero, momento en que detienen a la víctima de los golpes registrados en el video y a su hermano.

Los funcionarios aplicaron dos multas, una de ellas por no contener el Seguro Obligatorio de Automotores (SOA), y otra por conducir con luces antirreglamentarias. El intercambio de palabras se produjo porque el conductor de la moto se negó a firmar la sanción administrativa que se le imponía.

“Como consecuencia de lo anterior, el imputado, intempestivamente, agrede con un golpe de puño y con su cabeza al acompañante de la moto, procediendo posteriormente a la detención de los mismos”, señala el texto del fiscal del caso. Según se menciona en la acusación, como consecuencia del “abuso funcional cometido” la víctima de los golpes sufrió lesiones constatadas por médico forense, que le determinó la inhabilitación para tareas ordinales, menor a veinte días.

Finalmente, el fiscal informó que tanto el oficial autor de las agresiones como su compañero aceptaron las evidencias y lo relatado anteriormente. El oficial actuante, en presencia de su defensa, aseguró haber visto la filmación y reconoció que su conducta fue “excesiva e inapropiada”. Por su parte, el oficial que lo acompañaba sostuvo que la actitud de su compañero “lo tomó por sorpresa” y que “no era justificada”.

El análisis médico para detenidos

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), junto con la Universidad de la República, entregaron a las autoridades de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio del Interior un informe con recomendaciones sobre el funcionamiento del Centro de Constataciones Médicas y Ley de Faltas de Montevideo, en lo referente al acceso al examen médico en los primeros momentos de la detención de un presunto delincuente.

Según informaron desde la INDDHH, el estudio incluye "un diagnóstico realizado in situ que verificó la ausencia de protocolos que instruyan sobre cómo llevar a cabo el examen médico, cómo registrar la información y cómo actuar frente a la sospecha de malos tratos o abuso policial".

Sobre este último punto, se indica que se observó que, en los casos que el personal médico verifica lesiones y la persona detenida sostiene que fueron causadas por la Policía, "no existe una vía directa para informar a las fiscalías, juzgados o defensorías". "Sin embargo, se ha informado que se está trabajando en conjunto desde ASSE, Fiscalía y la Asociación de Defensores Públicos en generar estrategias que permitan cumplir con la garantía del acceso al examen médico en dicho punto", expresó la INDDHH en un comunicado.

La primera de las recomendaciones realizadas a ASSE y al Ministerio es "definir de forma precisa los cometidos del Centro de Constataciones Médicas y Ley de Faltas de Montevideo", para así lograr que el procedimiento constituya una garantía efectiva para los primeros momentos de la detención.