Investigan a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich por envío de armamento a Bolivia

El fiscal Claudio Navas Rial impulsó este viernes la investigación de la denuncia presentada por el Gobierno de Alberto Fernández sobre un presunto contrabando de armamento a Bolivia en noviembre de 2019. El abogado enumeró como imputados al expresidente argentino Mauricio Macri y a sus entonces ministros de Seguridad y de Defensa, Patricia Bullrich y Óscar Aguad, respectivamente.

La denuncia acusaba al gobierno de Macri de haber enviado armamento a Bolivia a inicios del gobierno de Jeanine Áñez con el fin de consolidar la caída de Evo Morales, así como colaborar con las fuerzas armadas bolivianas para frenar las protestas. La acusación se basó en una carta publicada por la cancillería de Bolivia que habría enviado el exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros Lara -hoy preso- al entonces embajador argentino en el país andino, Normando Álvarez García, agradeciendo "la colaboración".

Según informó el diario argentino La Nación, además de a los miembros del gabinete macrista, se acusa al exembajador, así como a tres jerarcas de la Gendarmería Argentina, su ex director, Gerardo José Otero, el exdirector de Logística, Ruben Carlos Yavorski y el entonces encargado de Operaciones, Carlos Miguel Recalde.

El documento presentado por el fiscal es un requerimiento de instrucción, en el que se describe el hecho y se solicitan las primeras medidas de prueba, que incluyen pedidos de informes tanto al gobierno de Argentina como al de Bolivia.

Navas Rial no incluyó otras medidas solicitadas en la denuncia presentada por la actual ministra de Seguridad, Sabrina Frederic junto a otros jerarcas kirchneristas, como un informe de las llamadas entre Macri y los otros acusados para hacer un estudio de entrecruzamiento de comunicaciones.

En el requerimiento presentado por fiscalía se circunscriben sólo delitos vinculados con lo aduanero, sin incluir lo planteado por el Ejecutivo, respecto a figuras de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad ni "los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación".