Tras seis meses de suspensión preventiva, Toma vuelve a su cargo como fiscal de gobierno

El exsecretario de la Presidencia durante el último gobierno del Frente Amplio, Miguel Ángel Toma, retomará el ejercicio de su cargo como fiscal de gobierno después de la suspensión preventiva de seis meses, informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes oficiales.

El abogado de Toma, Daniel Ochs, dijo a Montevideo Portal que aún no han sido notificados sobre esto, pero es lógica la decisión porque "la medida preventiva no podía durar más de seis meses".

En diciembre de 2020 fue ordenada una investigación administrativa por el presidente Luis Lacalle Pou para indagar sobre posibles irregularidades en los viajes y misiones oficiales del exjerarca de gobierno. Se investigaban presuntas irregularidades en las misiones oficiales de Toma y la comitiva que lo acompañó a Roma y Washington, en el año 2019, cuando ejercía como secretario de la Presidencia.

Si bien Toma retomará el ejercicio de su cargo, el sumario administrativo continúa. Además, el Poder Ejecutivo definirá próximamente quién ocupará el cargo de Daniel Borrelli, fiscal de gobierno recientemente fallecido.

Vía legal

En paralelo a la investigación que se lleva a cabo en el Poder Ejecutivo para dirimir acerca de las presuntas irregularidades en las que incurrió Toma durante viajes oficiales en el período de gobierno anterior, el Poder Judicial intervino en el caso a raíz de reclamos de ambas partes.

En abril, Toma llevó el caso a la Justicia por entender que Luis Lacalle Pou había prejuzgado su caso y que, ante una petición de recusación para que el presidente se apartara de la causa, el 16 de marzo el Poder Ejecutivo rechazó la petición recusatoria de Toma, en una resolución firmada por el primer mandatario.

Toma, que entiende que desde el Ejecutivo se prejuzgó su situación, denunció que en el procedimiento que llevó al dictado de la resolución del 16 de marzo no se respetaron los principios del debido proceso administrativo, violándose el derecho de defensa al no otorgarse vista previa, impidiendo que pudiera formular sus descargos y la posibilidad de ofrecer prueba.

A inicios de abril, el Juzgado Letrado en lo Contencioso Administrativo de Tercer Turno falló a favor del exsecretario de la Presidencia. En aquel momento, la Justicia dio lugar a lo planteado por Toma, suspendió transitoriamente la resolución del 16 de marzo del Ejecutivo en la que se rechaza la petición recusatoria y dispuso "que la administración debe instruir el incidente de recusación respetándose el debido procedimiento administrativo".

La Justicia en aquel momento entendió que "no se dio vista previa al dictar el acto administrativo al Sr. Miguel Ángel Toma, impidiéndose formular descargos, ser escuchado y proponer medios de prueba". En este sentido, el fallo indicaba que el Poder Ejecutivo actuó "con ilegitimidad manifiesta". No obstante, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Séptimo Turno ordenó revocar la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y desestimar la demanda de Toma contra el Poder Ejecutivo.