Cuando en agosto de 2016 el cargo de director de la división Servicios Jurídicos del Ministerio de Salud Pública quedó vacante, el entonces ministro Jorge Basso resolvió nombrar de forma directa a una profesional.
El hecho de que la profesional no pudiera en realidad ocupar el cargo p(or motivos administrativos) generó consecuencias judiciales que aún siguen en marcha, informó el semanario Búsqueda y confirmó Montevideo Portal.
La designación de la abogada Sandra Doldan fue anulada a comienzos del 2020 por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Como consecuencia, un funcionario de carrera del MSP que pretendía ocupar ese cargo inició una demanda por casi US$ 1 millón al Estado por lucro cesante y daño moral, reportó el semanario.
Una larga historia
El funcionario que inició la demanda era Mario Ceruzzi, número dos de la oficina, que cuando en el 2016 se designó a Doldan presentó un recurso de revocación. Como el planteo no fue respondido, llevó el caso al TCA.
En la resolución del TCA se expresa claramente que el motivo por el que se anuló el nombramiento de la abogada fue que no era funcionaria del MSP, aunque trabajaba allí como asesora jurídica desde 2015. Por lo tanto, al no ser funcionaria pública no podía ocupar el cargo para el que fue designada,
Según la información de Búsqueda, quien promovió la designación de la abogada en forma directa fue el exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma, que fue director general del MSP entre 1997 y 2003.
La decisión de retirar del puesto a Doldan (y colocarla como adjunta al funcionario que pasó a ocupar el cargo) fue tomada por el ministro Daniel Salinas, tras recibir el informe con el fallo del TCA.
En la demanda de Ceruzzi contra el MSP se argumenta que la designación "fue efectuada claramente en violación a la normativa vigente en la materia", y que la resolución le produjo "graves daños y perjuicios desde el punto de vista profesional, humano y orgánico".
Señaló que como se le privó de terminar su carrera como director, tuvo un daño moral y también uno económico. Reclamó haberes por $ 4.940.000 y US$ 800.000 por daños y perjuicios.
Sin embargo, desde el MSP se argumentó que la decisión del TCA no implica que hubiera "un derecho de prelación a favor" de Ceruzzi (es decir, no le correspondía el cargo automáticamente), y que hay errores en el cálculo del lucro cesante. Por ejemplo, sumó los sueldos que le hubieran correspondido pero no restó el salario que efectivamente cobró durante ese tiempo.
Tras una primera instancia judicial en la que no hubo conciliación, habrá una nueva audiencia el 22 de febrero.
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