La psicóloga Gabriela Bazzano, actual directora del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) y de la Secretaría Nacional de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), fue investigada por la Justicia de Crimen Organizado por su trabajo al frente de la asociación civil Seamos, según informó la diaria en una investigación de la periodista Cecilia Álvarez.
Seamos es una organización que se dedica a la reinserción de personas con discapacidad intelectual o psiquiátrica.
El citado medio consigna que durante años la organización implementó un programa de "familias articuladas", que consistía en la entrega de hijos de personas con discapacidad intelectual a otras familias, sin control del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) ni de otro organismo estatal.
La investigación de la diaria señala que al menos seis niños estuvieron involucrados en este programa entre 2012 y 2017, según la causa judicial.
La causa comenzó en 2015, tras una denuncia que presentaron el INAU y el hospital Pereira Rossell ante un juzgado de familia.
Las autoridades advirtieron que una usuaria de Seamos, que días atrás había parido a su hija, se fue del centro hospitalario acompañada por otras dos personas, sin el alta médica de la niña y con una vía colocada.
La diaria informa que este hecho derivó en una causa judicial con más de 700 folios, la actuación de tres fiscales especializados, una investigación de Interpol que duró dos años, escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia y las declaraciones de decenas de personas involucradas.
El citado medio reconstruyó la historia de los padres y sus hijos y da cuenta de irregularidades en las denominadas "articulaciones" familiares.
En uno de los casos uno de los padres articulados cuestiona el marco legal del programa y dice que no le convencía.
"En una ocasión llevé como 15 preguntas para hacer y no pude realizar ni una, ya que la señora Bazzano era muy manipuladora, tenía un egocentrismo muy grande y no se podía cuestionar sus preceptos", dijo a la diaria.
No estaba de acuerdo en firmar un convenio por el cuidado de los niños con los padres biológicos; incluso declaró que su abogado le recomendó no hacerlo, algo que generó problemas con Bazzano y el esposo de ella, Joaquín Rodríguez, también psicólogo e integrante de Seamos. El "padre articulado" informó al citado medio que nadie fue a su casa "ni antes ni después de que tuviéramos los niños".
En febrero de 2107 asumió la competencia de la causa el fiscal Luis Pacheco, y en abril de ese año entendió que la investigación estaba "suficientemente instruida" y solicitó archivarla tras no encontrar "En función del dictamen del fiscal, el 7 de abril la jueza suplente Gabriela Araujo decretó el archivo del caso.
indicios de la existencia de hechos con apariencia delictiva" , informa la diaria.
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