Amnistía: “Uruguay debe evaluar acciones de lucha contra discriminación a población LGBTI”

La organización Amnistía Internacional divulgó su informe 2019 sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo.

En su capítulo ampliado sobre Uruguay, el trabajo hace referencia a la impunidad por crímenes del pasado la violencia basada en género y los derechos de las personas LBGTI.

Según las cifras oficiales del Observatorio de Criminalidad y Violencia fueron 24 las mujeres que fallecieron como víctimas de femicidio en 2019, la cifra más baja de femicidios en los últimos cinco años.
Sin embargo, según los datos de Feminicidios en Uruguay, eleva de forma extraoficial a 35 la lista de mujeres víctimas de femicidio durante 2019.

Por otra parte, y según datos del Ministerio del Interior, hubo al menos otros 17 intentos de asesinatos a mujeres en manos de su pareja o expareja y más de 20 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos por este tipo de asesinato en el 2019.

Entre los meses de enero y octubre del 2019 se registraron más de 32.000 denuncias por violencia doméstica, lo que representa un promedio de 108 denuncias diarias, o sea una denuncia cada 13 minutos en el país. Hasta octubre de 2019 se conectaron 823 tobilleras electrónicas. Esto implica más de 140 dispositivos con respecto al año anterior.

Amnistía Internacional "exige a las autoridades del Estado uruguayo la asignación del presupuesto necesario para la implementación efectiva de las medidas contenidas en la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (Ley 19580), especialmente en lo relativo a brindar asesoramiento, refugios y asistencia a las víctimas; así como investigar exhaustivamente la violencia basada de género contra las mujeres y niñas, y poner a disposición de la justicia a los responsables".

Por otro lado, el informe señala que "la Ley Integral para Personas Trans fue aprobada en octubre de 2018 y reglamentada en mayo de 2019; consagrando una serie de acciones afirmativas para las personas trans en educación, vivienda, empleo y acceso a la cultura".

"La aprobación de la ley fue acompañada de un largo y tenso debate, impulsado por los sectores más conservadores que se opusieron a su promulgación y luego lanzaron una campaña para su derogación; promoviendo en 2019 un referéndum para anular la norma aprobada en octubre de 2018. La campaña en contra de la ley se caracterizó por la desinformación, el uso de argumentos falsos y la demonización de las personas LGBTI. No obstante, el prereferéndum que habilitaría la derogación de la ley se saldó con un resultado rotundo: la iniciativa apenas llegó a un 10% de apoyo, lejos del 25% necesario para que la consulta fuera aceptada", añade el informe de Amnistía Internacional.

En cuanto a la implementación de la ley, hasta el momento de las 139 solicitudes presentadas de reparación por violencia institucional, se han otorgado 33. "Se destaca la dificultad de probar la violencia institucional originada en la identidad de género exigida por la normativa para otorgar el beneficio", explica Amnistía.

La organización "reitera a las autoridades de Uruguay que, más allá de los avances legislativos de los últimos años y de la reciente aprobación de la Ley Integral para Personas Trans, el país debe evaluar las acciones realizadas de lucha contra la discriminación que padece la población LGBTI y avanzar hacia políticas más articuladas e integrales".

Crímenes de lesa humanidad

Con respecto a la impunidad por los crímenes del pasado el informe señala: "A casi 35 años del retorno de la democracia, si bien Uruguay se comprometió reiteradamente, a nivel nacional e internacional, a avanzar en las investigaciones sobre crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos cometidas durante el gobierno cívicomilitar (1973-1985), a pesar de algunas acciones puntuales positivas no se ha logrado todavía en el año 2019 la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de esos crímenes".

"En otros palabras, la impunidad de los crímenes de lesa humanidad sigue siendo la regla en Uruguay", agrega el informe.

El trabajo de Amnistía Internacional informa que, según datos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, a marzo de 2019, "en el 91% de las 187 causas judiciales abiertas por crímenes cometidos en ese período ni siquiera se había solicitado el procesamiento".

"En tres causas se procesó a los sospechosos de responsabilidad penal, pero aún no se había dictado sentencia. Solo en 14 causas se dictaron sentencias condenatorias", agrega el informe.

El informe recuerda que el 1 de abril de 2019, el presidente de la República Tabaré Vázquez ordenó enviar a la Fiscalía General de la Nación los testimonios de tres exmilitares condenados por crímenes cometidos durante el régimen cívico-militar.

En sus declaraciones ante un tribunal de honor del Ejército, José Nino Gavazzo Pereira admitió que en 1973 arrojó el cuerpo del prisionero político Roberto Gomensoro al río Negro para hacerlo desaparecer.
Por su parte, Jorge Silveira Quesada (alias "Pajarito Silveira") indicó a Gavazzo como responsable de la muerte de Gomensoro y de Eduardo Pérez Silveira, así como de la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman.

Por otra parte, el informe señala que el 8 de julio de 2019, el Tribunal de Apelación de Roma condenó a cadena perpetua a 27 militares y jerarcas de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay acusados de la muerte y desaparición de una veintena de italianos en el marco del Plan Cóndor, el plan represivo en América Latina durante las décadas de 1960- 1980.

De los condenados, 14 son uruguayos. El Tribunal modificó la sentencia de primera instancia dictada en enero de 2017, que absolvía y sobreseía a todos los uruguayos con excepción del ex canciller Juan Carlos Blanco, que había sido condenado ya en ese entonces a cadena perpetua.

Asimismo, a nivel nacional, en noviembre de 2019, la justicia uruguaya formalizó a tres expolicías por delitos de lesa humanidad cometidos bajo el régimen cívico-militar en el centro de reclusión y tortura conocido como

"Los vagones" de Canelones. Esta es la primera causa judicial por crímenes de lesa humanidad enmarcada en el nuevo Código del Procedimiento Penal Uruguayo.

El informe de Amnistía Internacional señala que de "las 196 personas uruguayas detenidas desaparecidas que el Estado uruguayo reconoce oficialmente, el 83% aún no han sido encontradas".
De las 44 personas desaparecidas en territorio uruguayo, solo ocho han sido encontradas. El 27 de agosto de 2019, en el predio del ex Batallón 13, se encontraron los restos de Eduardo Bleier, desaparecido en octubre de 1975.

"El hallazgo de Bleier podría haberse efectuado 14 años antes si los técnicos del momento hubiesen continuado con las excavaciones tras el hallazgo los restos de otro detenido desaparecido, Fernando Miranda, en el mismo predio", explica el informe.

Amnistía Internacional Uruguay "exige una vez más a las autoridades uruguayas que adopten de inmediato todas las medidas necesarias para llevar ante la justicia a todas las personas sospechosas de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional, incluidos los crímenes de lesa humanidad, sin importar la fecha en que fueron cometidos".

Además, el informe "recuerda a las autoridades del Estado uruguayo, incluidos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, tal como lo establece la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, de la que Uruguay es Estado parte".

A continuación, podés leer el informe completo:

Informe Anual Amnistía Internacional Capitulo Ampliado Sobre Uruguay 2019 by Montevideo Portal on Scribd