Opinión | Venias: Verdad, hipocresía y deuda pendiente con los familiares de desaparecidos

Si el periodista Leonardo Haberkorn no hubiera publicado el informe periodístico el 30 de marzo sobre los contenidos del expediente referido a las actuaciones del Tribunal de Honor sobre la conducta de varios militares vinculados a las horrendas violaciones de los derechos humanos, casi seguramente ese expediente habría sido archivado sin que nadie se enterara.

Efectivamente, la verdad es que el gobierno del Frente Amplio había homologado el fallo del Tribunal de Honor y no había presentado denuncia penal sobre los hechos nuevos que se registraban en el expediente referidos a delitos cometidos en aquellas épocas. El gobierno del Frente Amplio "barría debajo de la alfombra" estas actuaciones; esa es la verdad por más que se busque ocultarla o tergiversarla.

El domingo 31 de marzo nosotros pedimos la renuncia del Comandante en Jefe del Ejército por haber formado parte de un Tribunal de Honor que, en su fallo, señalaba que las conductas aberrantes protagonizadas por militares en ese entonces en actividad "no afectaban el honor de las Fuerzas Armadas". Un fallo que, justamente, afecta el honor de las Fuerzas Armadas porque no reconocen la responsabilidad institucional de la barbarie ocurrida en aquellos tiempos.

Fue, entonces, recién el lunes 1 de abril, un mes y medio después de que el Presidente Vázquez avalara el infamante fallo y ante la publicidad del mismo, que el gobierno del Frente Amplio tomó iniciativa. Presentó la denuncia penal, destituyó al Comandante en Jefe, también relevó del cargo al Ministro de Defensa (de forma injusta) y resolvió pasar a retiro obligatorio a los generales que integraban el Tribunal de Honor.

De modo que es recién después que el gobierno queda en evidencia ante la opinión pública sobre su grave omisión, que resuelve presentar denuncia penal. Hay que recordar que es obligación de todo funcionario público, con más razón el Presidente de la República, presentar denuncia penal cuando toman conocimiento de una conducta delictiva. Sin embargo, sobre un tema tan grave y susceptible, y a pesar de que el Ministro de Defensa les había advertido sobre la necesidad de presentar denuncia penal, no se había presentado la referida denuncia. Un verdadero escándalo.

Entonces comienza la maniobra hipócrita para trasladar las responsabilidades al Parlamento.

El gobierno, desatendiendo el hecho de que la Constitución le autoriza a determinar el retiro obligatorio de los oficiales generales sin necesidad de intervención del Parlamento, envía al Senado la solicitud de venia para cesar a los cuatro generales, haciendo referencia a una norma legislativa que así lo establece.

Pero, además, fundamenta la solicitud en un hecho falso. En efecto, la solicitud de venia tiene como único fundamento legal la afirmación de que los referidos generales habían incumplido con lo establecido en el artículo 77 del Reglamento que regula la actuación de los Tribunales de Honor.

Ese artículo establece que si en medio de las actuaciones del Tribunal surgen hechos nuevos de carácter delictivo, el Tribunal debe cesar su actuación y el Presidente del Tribunal de Honor debe informar al superior sobre los referidos hechos. Pues bien, el Tribunal de Honor cuando conoció la confesión de Gavazzo, suspendió sus actuaciones e informó al Comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, tal como establece el artículo 77 y recién retomó sus actuaciones cuando el Comandante les dijo que siguieran adelante.

Todos conocimos las vergonzosas apreciaciones de Manini Ríos sobre estos temas, cuestionando al Poder Judicial y mandando señales institucionalmente inaceptables. Por ello se le solicitó su renuncia al cargo, decisión que compartimos y apoyamos.

Pero lo cierto es que el gobierno del Frente Amplio solicitó la venia fundándola en un hecho falso y pretendió que el Senado aprobara la venia sobre esa fundamentación.

Nosotros dijimos y reiteramos en varias oportunidades que votaríamos la venia para pasar a retiro obligatorio a los cuatro generales con las dos manos si esta solicitud estuviera fundada en el contenido infamante del fallo, en la medida que resultaba absolutamente rechazable que los generales entendieran que los hechos horrendos constatados en sus actuaciones no afectaban el honor de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, el gobierno del Frente Amplio no sólo no fundamentó su solicitud de venia en este hecho evidente, sino que con su firma el Presidente avaló lo actuado por el Tribunal.

Tamaña hipocresía alcanzó su punto máximo en el debate del Senado, cuando la bancada del Frente Amplio pretendió "sacar patente" de ser los grandes y únicos defensores de la lucha contra la impunidad. Obviando que fue su gobierno el que miró para el costado en el caso concreto del expediente en debate.

Es más, fue durante los gobiernos del Frente Amplio que se ascendieron a los generales cuestionados. Fue durante los gobiernos del Frente Amplio que se designó Comandante en Jefe del Ejército al General Guido Manini Ríos. Fue durante este gobierno del Frente Amplio que los Familiares de los Desaparecidos manifestaron su fuerte desagrado con la falta de avances en el esclarecimiento de lo ocurrido con los desaparecidos y también por la falta de colaboración del Ministerio de Defensa, dirigido por el propio Frente Amplio.

Nosotros hemos condenado siempre la impunidad y hemos reivindicado con firmeza y sin doble discurso la deuda que nuestro país mantiene con los familiares de los desaparecidos. Nosotros hemos rechazado desde siempre la ley de impunidad que fue el origen y la causa principal de que estos temas no hayan sido resueltos en todos estos años. Nosotros seguimos acompañando este reclamo y lo seguiremos sosteniendo porque no hay forma de avanzar sin dar luz sobre lo ocurrido de manera satisfactoria.

Hay quienes nos han cuestionado duramente por no haber votado la venia de los referidos generales. Nuestra posición estuvo apegada a la normativa vigente. No podíamos votar la venia, no porque no estuviéramos de acuerdo en su pase a retiro sino porque el fundamento era falso.

Admitimos, sin embargo, que es polémico y discutible si no era mejor haber votado la venia aunque el fundamento fuera falso, sin embargo el Partido Independiente tiene un fuerte compromiso con el apego a las formas jurídicas y votar una solicitud fundada en una falsedad nos resultaba muy difícil.

Reiteramos nuestra convicción de que el fundamento correcto, que hubiéramos acompañado sin dudas, era el fallo que decía que tales hechos no habían afectado el honor de las Fuerzas Armadas.

Este es el gran problema de fondo. Que todavía hoy en el seno de las Fuerzas Armadas predominan concepciones que no asumen la gravedad institucional de lo ocurrido en aquellos tiempos negros de la dictadura y que las Fuerzas Armadas fueron institucionalmente responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en aquellos tiempos.

Hay que seguir trabajando para que la institución militar asuma, sin ambigüedades, las responsabilidades institucionales por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Hay que seguir trabajando para que ciertos pactos vergonzosos e hipócritas, de los que existen importantes indicios, impidan que la verdad aflore. Y también hay que seguir trabajando para que los familiares de los desaparecidos reciban la respuesta a la que tienen derecho por nuestra propia dignidad como país.