Opinión | Sin honor, al riesgo de negar la realidad y enfrentarse a la sociedad

Y un día nos despertamos de la siesta y nos encontramos con que seis generales de ejército avalaron con su silencio la tortura, el asesinato y la desaparición de un joven estudiante de agronomía vinculado al MLN, un hecho ocurrido en una unidad militar en marzo de 1973. La fecha es importante porque, para ese entonces, la guerrilla estaba desarticulada.

Determinar cómo es posible que a casi medio siglo de ese crimen y a treinta y cinco años de la restauración democrática, un conjunto de generales del Ejército uruguayo sean capaces de ignorar que la salvajada de Gavazzo afecta el honor de la fuerza, es una tarea compleja pero necesaria.

Es un lugar común de la ciencia política uruguaya señalar al Partido Colorado, y especialmente al ex presidente Sanguinetti, como los artífices principales de la transición pactada con los militares. La conjetura no es aventurada pero sí incompleta, y por eso mismo, injusta. Existen, en todo caso, lo que podríamos denominar un "continuo de impunidad", o al menos de trato benevolente y de pacto, que incluye al menos a otro actor relevante, mucho más poderoso en tiempos recientes: el MLN de Mujica y Fernández Huidobro.

De modo que quienes pactaron con los militares una transición incierta en los años 1983 y 1984, y quienes colaboraron en la salida a la crisis militar de 1987 con la Ley de Caducidad, deberían reconocer que el modelo elegido nos puso a resguardo de la inestabilidad institucional, lo que no es poco mérito, pero nos dejó de regalo, casi como un presente griego, la doctrina de la impunidad. Así las cosas, es fácil reconocer que en todo este largo proceso de casi cuatro décadas hubo, por acción u omisión, responsabilidades compartidas por todos los partidos.

Lo terrible de los Tribunales de Honor no es que sus miembros respetaran el denominado pacto de silencio entre los militares. Lo terrible es que, encontrándose con el testimonio de un criminal vesánico y con rasgos de cretinismo, se autoimpusieron la omertá, aún a riesgo de negar la realidad y enfrentarse al escrutinio de la sociedad.

¿Es esto fruto de que no podemos verlo con una "cabeza civil", como dijo un diputado del sector que patrocina el MLN? ¿Lo es de la "doctrina de la seguridad nacional", que se creía fenecida y abandonada? ¿Lo es acaso de la falta de convicción y coraje para asumir, como generales y hombres de bien, las consecuencias de las acciones de sus antecesores?

Podemos cargar las tintas sobre estos funcionarios, tanto como sobre los que en la Presidencia de la República demoraron la denuncia ante la Justicia. Si miramos más lejos y más hondo, debemos aceptar que los sucesivos partidos de gobierno, cada uno a su estilo y por diversas motivaciones, han flaqueado en lo sustantivo.

Los militares no sólo deben estar sometidos al del gobierno; en un Estado de Derecho, eso es lo mínimo. Deben, además, encarnar los valores humanitarios y el sentido de honor de la sociedad que integran y a la que sirven.

Los amantes de las conspiraciones intentan determinar quién está detrás de la filtración de los expedientes. Es una tarea inútil. De este penoso episodio nadie sale bien parado. Ni la Presidencia ni el gobierno ni el sistema político, pero menos aún el Ejército.