Contenido creado por Gerardo Carrasco
Policiales

A falta de pan

Condena a hacer tortas fritas es “jurídicamente legítima” aseguró fiscala

La funcionaria detalló que el imputado es un hombre “conocido y valorado” en su vecindario.

15.03.2019 08:04

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2019-03-15T08:04:00-03:00
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El acuerdo entre Fiscalía y un imputado logrado en la localidad de San Ramón se transformó en objeto de innumerables comentarios esta semana. La medida en cuestión obligaba a un hombre condenado por receptación a elaborar un centenar de tortas fritas, y donar el producto de su venta a fines reparatorios.

Posteriormente, la fiscal del caso, Alicia Schiappacasse, aseguró que es una medida "jurídicamente legítima" y explicó que fue el mismo imputado quien se ofreció voluntariamente.

La fiscal, que elevó un informe a la Fiscalía de Corte, indicó que se trata de una persona de 66 años, sin antecedentes penales, que para hacer frente a su "magro ingreso jubilatorio" subsiste vendiendo tortas fritas, según publica el matutino El País.

De acuerdo con el informe de la funcionaria, el imputado es un hombre muy apreciado y conocido por sus vecinos, y que en varias ocasiones llevó a cabo tareas sociales "en forma desinteresada y en beneficio de personas desfavorecidas".

Más allá de que el delito cometido por el hombre es pasible de sanción penal, la fiscala entiende que "la vía adecuada a tales efectos resulta ser la Suspensión Condicional del Proceso a Prueba", algo que obliga al imputado a adoptar tareas que "reparen, compensen y de alguna forma subsanen el injusto daño causado o en su caso impidan su prosecución o reiteración", indicó Schiappacasse.

El individuo "manifestó que a efectos de enmendar su error, así como de compensar a la sociedad de alguna forma por su conducta, ofrecía voluntariamente la realización de trabajo comunitario, asumiendo el costo económico dentro de las posibilidades que le permitían su magros ingresos mensuales", detalló la funcionaria.

Schiappacasse remarcó que no se trata de una pena o de una sustitución de esta, sino de una obligación avalada por el nuevo Código de Proceso Penal, y que propone una vía alternativa de solución. Por lo tanto, no puede hablarse de un acto de benevolencia frente a una pena de reclusión.

Además, recordó que el objeto robado fue adquirido "de buena fe" por el imputado. Además, se trataba de un objeto "de escaso valor" que fue regresado a su legítimo dueño.

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