Comisión de Ética del PN no encontró “cuestionamientos éticos” por parte de Rodrigo Blas

La Comisión de Ética del Partido Nacional le presentó este lunes al Directorio el informe realizado tras la investigación hecha sobre la actividad privada del edil de Maldonado Rodrigo Blas, quien había sido multado por la Dirección General Impositiva a pagar dos millones de dólares debido a que habría evadido 500 mil dólares.

El informe, al que tuvo acceso Montevideo Portal, detalla que todo se inició en setiembre de 2014, cuando Blas era apoderado de la empresa Javipark S.A, y cuando la DGI le inició un expediente a raíz de una denuncia presentada por Gastón Villamayor, "militante activo del Frente Amplio".

Esta denuncia fue presentada por una "presunta defraudación tributaria en operaciones inmobiliarias", y derivó en tres procesos diferentes: la investigación administrativa de la DGI, institución que promovió una denuncia penal contra la empresa y contra Blas y la promoción de medidas cautelares de embargo en el juzgado civil.

Por la denuncia penal, dice la comisión, se inició en 2014 un expediente en el Juzgado de Crimen Organizado. A la fecha, agregan, "no han prestado declaración ni los testigos, ni el denunciante ni ninguno de los denunciados, incluyendo al señor Blas".

En cuanto a la vía civil, las medidas cautelares de embargo fueron decretadas en noviembre de 2014, y fueron prorrogadas "sucesivamente" a pedido de la DGI, pero sin embargo el 16 de agosto de este año el juzgado civil dispuso por decreto "no hacer lugar a la solicitud de prórroga" de las medidas, entendiendo que la DGI "hacía más de tres años y medio que venían disponiendo prorrogas sin aportar elementos objetivos y claros de la existencia de una causa".

El informe prosigue señalando que, ante la difusión en los medios de comunicación de la multa de la DGi hacia Blas, el dirigente de Maldonado se presentó ante el directorio pidiendo licencia partidaria a los "efectos de que las implicancias contra él no interfieran con los intereses y objetivos" del partido.

Blas compareció ante el directorio junto con su abogado y allí "realizó las explicaciones" de esta situación y entregó escritos con información del caso, documentos del procedimiento administrativo, las actuaciones de los expedientes penal y civil, actas notariales y certificados de la DGI y el Banco de Previsión Social.

Según surge de todas estas informaciones aportadas, la comisión consideró que la obligación tributaria que dispuso la DGI en julio de este año "no se encuentra firme" y que, según dijo Blas ante la comisión, será anulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

La comisión del partido sostiene que no surge que la DGI haya "observado y cumplido" con las garantías del debido proceso, además de señalar que la posterior denuncia penal "tiene vicios de procedimiento".

Con todos estos elementos "disponibles hasta el momento" no surgen "fundamentos de juicio" que justifiquen en esta instancia un "cuestionamiento ético" a Blas, concluye el informe, firmado por Carmen Asiaín, Jorge Bartesaghi, Augusto Durán Martínez, Eduardo Lombardi y Gonzalo Lorenzo.

La presidenta del directorio, Beatriz Argimón, dijo este lunes en declaraciones a Telemundo que el estudio de la comisión fue "muy exhaustivo" y que el directorio aceptó por unanimidad el informe.