Contenido creado por Martín Otheguy
Locales

Un cable a tierra

¿Cómo vivían extorsionadores y ocupantes que fueron desalojados de Casavalle?

La mujer formalizada por extorsión tenía un lavadero clandestino y generó gastos por más de 500.000 pesos. Todos usurpaban energía eléctrica, agua y no abonaban impuestos.

17.08.2018 12:26

Lectura: 5'

2018-08-17T12:26:00-03:00
Compartir en

Esta semana, la jueza María Noel Odriozola hizo lugar al pedido de la fiscal Mónica Ferraro, que había solicitado la prisión preventiva de 60 días para una mujer que fuera detenida este martes durante un operativo en Casavalle, y que es señalada por extorsionar a vecinos del barrio para que dejen sus viviendas.

La mujer ya había sido procesada en diciembre por un delito de extorsión, luego de que se comprobara que había liderado una banda que "sacaba a punta de pistola" a la gente de sus casas.

En diciembre hubo denuncias de vecinos del barrio que aseguraban que sus casas habían sido vandalizadas y habían tenido que abandonarlas a punta de pistola. El Estado realojó a esas familias y las personas acusadas fueron procesadas por extorsión.

Según los documentos de Fiscalía, este nuevo caso se inició cuando la IM pidió al Ministerio del Interior un censo del lugar, tras haber tomado conocimiento de que en diciembre de 2017 hubo los mencionados desalojos violentos a los ocupantes primarios de las viviendas.

Hecho el censo, se corroboró que las viviendas se encontraban ocupadas por otras personas. Ninguno de ellos contaba con documentación de la Intendencia Municipal ni del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para usufructuar las viviendas. Se pudo constatar además que todos ellos sustraían energía eléctrica y agua potable con conexión directa a la red pública, "con el consecuente gasto indiscriminado de ambos insumos públicos, los cuales por no poseer contador en regla no se pueden cuantificar pero si estimar, siendo por un monto muy elevado pues la mayoría hace muchos meses que viven ahí".

En el caso de la mujer condenada por extorsión más tiempo aún, ya que además del tiempo que vive en el lugar tiene un lavadero desde hace cuatro años, con una instalación clandestina que le permitía un consumo de tarifa comercial muy elevada.

En el lugar se constataron la existencia de cuatro lavarropas, y comodidades de uso de electrodomésticos tales como aire acondicionado, heladera, jarra eléctrica, microondas, varios televisores, un equipo de música y calefón. Se estableció que el monto del gasto para una vivienda común sería de $ 25.000 más IVA por año, que en su caso sería un total de $500.000, en tanto la tarifa se debería calcular entre 12 años de tarifa común y cuatro de comercial, indica el documento de Fiscalía.

En conclusión, ninguno de los imputados paga luz, agua, impuestos municipales "y ni siquiera una cuota al Estado por el uso de la vivienda, ninguno tiene documentos de propiedad y ninguno regularizó la situación ilícita". Además, el hecho de que diferentes personas vayan vendiendo el uso de las fincas sin documentación, sin la intervención de la Intendencia Municipal como legítima propietaria del terreno, "hacen inviable cualquier argumentación legal de ‘propiedad', cuando cualquier persona sabe que los bienes inmuebles se adquieren con intervención notarial".

Testimonios

Uno de los detenidos denunció que le ofrecieron alquilar con opción a venta la finca que ahora habita, pero como no le exhibieron documentos, "se asentó en la misma sin pagar nada y haciendo usufructo continuo del hurto de energía eléctrica y de agua potable sin pagar dichos insumos, pero aprovechando la conexión ilegal ya establecida anteriormente, procurando por todos los medios de buscar la forma de ver quién era el legítimo propietario, para comenzar a pagar a quien se la pretendía vender". Como no lo hizo denunció la situación, y no obstante tras corroborar que no había forma de tener títulos de la propiedad continuó habitando la finca.

La finalidad que requiere la norma de "apoderamiento o de ilícito apoderamiento" quedó ampliamente probada, según la Fiscalía, en tanto ninguno de los imputados procuró regularizar ante los organismos públicos la posesión de los inmuebles. Tampoco regularizaron los servicios públicos, siendo imposible además que lo hagan pues "uno de los factores de ocupar la vivienda de la forma arbitraria con la cual lo hicieron, fue el beneficio de no pagar dichas tarifas, y tampoco los impuestos correspondientes al inmueble".

Por lo tanto, como dijimos, se formalizó a la mujer por el delito de usurpación de una finca y hurto de energía eléctrica y de agua en Casavalle, solicitando como medida cautelar la prisión preventiva por 60 días mientras se reúne toda la evidencia de cara a la acusación en el juicio oral.

Se dispuso el reintegro de los bienes muebles que pertenecen a las víctimas de los delitos de extorsión, y que constan en los inmuebles de los imputados.

Asimismo, la fiscal realizó una suspensión condicional del proceso para cuatro de los indagados, con la condición de que fijen un nuevo domicilio y no se acerquen a la zona, entre otros requisitos.

Deben retirarse de la finca usurpada, realizar un inventario de cómo queda la casa y entregar las llaves a la autoridad policial. También deben presentarse en la seccional policial de su nuevo domicilio durante un mes una vez por semana.

Por último, el equipo de Ferrero logró un acuerdo abreviado con dos de los imputados por usurpación de finca y hurto de energía eléctrica y agua. En este caso, al tratarse de primarios, se sustituye la pena de prisión de nueve meses por libertad vigilada.