A continuación expondré lo que pretende ser una contribución a este tipo de evaluaciones, y tiene que ver con lo que considero una de las mayores debilidades de nuestra democracia, a saber, la centralidad de la política en la construcción de la opinión pública y su peso en el debilitamiento de la discusión pública.
La centralidad de la política consiste en que prácticamente todas las opiniones que contribuyen a la construcción democrática de la opinión pública tienen como fuente calificada a los actores políticos. Todo tema que toma protagonismo en la discusión de nuestra sociedad lo hace siempre en virtud de que es tematizado por algún miembro calificado del sistema político.
En tal sentido, lo que se plantea tendrá mayor o menor significación dependiendo de si es presentado públicamente, por ejemplo, por un parlamentario, u obedece a alguna iniciativa partidaria, y a su vez, tendrá mayor o menor robustez en el procesamiento público si, por ejemplo, conduce a un debate parlamentario o, mejor aún, a un debate entre parlamentarios o figuras políticas en algún medio de comunicación. Si bien ese peso de lo político en la construcción de la opinión pública es una de las características que comporta toda democracia y hace a lo que se denomina como la construcción formal de la opinión, es necesario enfatizar que este rasgo se vuelve pernicioso en su formato monopólico al excluir o reducir a su mínima expresión circuitos de complementación en la discusión pública.
La razón principal que permite calificar como negativa esta centralidad radica en que, al ser la política el circuito exclusivo de discusión pública, se le termina exigiendo mucho más de lo que puede dar, y esto termina socavando no solamente la credibilidad del sistema político sino también alimenta su creciente distanciamiento con la ciudadanía.
Es obvio que esta alta exigencia depende directamente de su centralidad, ya que si es el medio privilegiado de discusión, sus participantes deberán ser sumamente competentes sobre todo lo que discuten y sobre lo que deciden; en particular el parlamentario se encuentra exigido de saber y mucho, si pretende discutir con competencia de cosas tan disímiles como economía, justicia distributiva, problemas de género, situación de minorías, concepciones competitivas de desarrollo, criterios de evaluación de la pobreza, etc.
Por supuesto que una empresa con este tipo de exigencias es prácticamente irrealizable para cualquier ser terrenal, al menos si aspiramos a que las discusiones sean medianamente actualizadas y se procesen con un mínimo de competencia técnica. Nuestro sistema político no puede, como prácticamente ninguno en el mundo, estar a la altura de tales exigencias, y nuestra debilidad como democracia se encuentra en que no hemos sabido cómo complementar este circuito político de construcción de la opinión con circuitos de discusión pública que puedan servir de insumos para la discusión política y que sobre todo descarguen al sistema político de las exigencias de competencia.
EL PAPEL DE LOS MEDIOS
En muchas de las democracias del mundo estos circuitos de discusión complementarios se encuentran estructurados en torno a publicaciones que, sin tener las altas exigencias académicas de las publicaciones especializadas, realizan la difícil tarea de tematizar a través de sus expertos los temas más urgentes que afectan a su sociedad en un lenguaje de divulgación accesible a un público general. La ventaja radica en que economistas, sociólogos, antropólogos y filósofos, entre otros, procesan una discusión orientada a su sociedad con el instrumental de sus disciplinas y poniendo en juego el debate antecedente, enriqueciendo de esta forma la discusión pública y beneficiando al sistema político.
Lamentablemente, en Uruguay estos circuitos prácticamente no existen. Lo único que tenemos son esporádicas intervenciones en algún medio que lejos están de cumplir con las condiciones mínimas que deberían tener estas discusiones. La tónica general es que se tiende a reproducir la discusión político partidaria en otros términos.
Las consecuencias no se dejan esperar. No solamente no contamos con políticos que discutan en los términos exigidos -si es que discuten-, sino que algunos intentos encomiables de dar una mayor sustancia a la discusión terminan en una suerte de parodia de algunas discusiones o incluso de teorías completas. Un ejemplo a destacar es el del liberalismo igualitario, que últimamente ha tomado cierta notoriedad, y que en algunas ocasiones es presentado de tal forma que simplemente sería irreconocible para sus propios fundadores.
Dos necesidades surgen de lo anterior: la primera es contar con medios escritos que puedan constituir este circuito de discusión pública; prácticamente todas las publicaciones son periodísticas y constituyen una forma de contribuir al procesamiento de los debates diferente a la que estamos reclamando. La segunda necesidad estriba en el compromiso de los académicos, que son quienes deben protagonizar estas discusiones; la sociedad necesita de la colaboración de aquellos en quienes ha depositado una significativa cantidad de recursos para su formación, para que contribuyan en el fortalecimiento de la opinión pública uruguaya.
Algunos ejemplos realmente nefastos deberían ponernos alerta de cuánto es necesaria esta resustancialización de la opinión pública. Recordemos la discusión del impuesto a la renta en la elección anterior: fue algo parecido a una discusión de boliche centrada en socavar al adversario, y poco interesada en encontrar algo constructivo en la propuesta. Una discusión de cerca de treinta años en el seno de la filosofía política fue absolutamente ignorada, y bien podría haber sido aprovechada para que los ciudadanos, en lugar de formar su opinión en torno al miedo y la mentira, lo hiciesen en base al conocimiento y el rigor.
Un segundo caso se presenta en la actualidad: las recurrentes discusiones sobre el Estado y las empresas públicas demandan a gritos la discusión de estas diferentes problemáticas desde una ética del Estado o de las empresas públicas . Sobre este tipo de problemas hay una enorme cantidad de conocimiento acumulado en todo el mundo, que bien podría ser utilizado por nuestra sociedad. Sin embargo, este posible camino es sistemáticamente ignorado para incorporar la tergiversación y las simplificaciones que la mediocridad reinante impone.
Nuestra democracia, afectada y debilitada por las insuficiencias que la centralidad de lo político institucional le impone, exige una construcción de la conciencia ciudadana en términos de excelencia. Solamente este camino podrá asegurarle lo más importante para su operativa: la legitimación ciudadana.
Gustavo Pereira es Doctor en Filosofía y docente |
