Esta oposición, que tiene sus fundamentos, deja de lado un aspecto positivo que por lo general no se tiene en cuenta: la búsqueda de una mayor institucionalidad (democrática) regional, redunda en mayores niveles institucionales en cada país.

Los partidos políticos se sitúan como un pilar fundamental en el desarrollo y el mantenimiento de la democracia. Basta repasar los países con mayor desarrollo democrático para ver un sistema de partidos fuerte, estable y consolidado a través de los años. Hoy tenemos en la casi totalidad de América Latina regímenes democráticos, en mayor o menor grado, pero algunos analistas han señalado que a partir de la crisis del modelo liberal de los noventa, en varios de estos países ha disminuido ese grado de democracia.

Las crisis económicas -que han ido en contra del desarrollo democrático- fueron en su mayoría acompañadas de crisis de partidos o de los propios sistemas de partidos. Los casos recientes en la región: Paraguay (1999), Brasil (1992), Argentina (2001), Bolivia (2005), Ecuador (1997, 2000 y 2005), Perú (2000) y Venezuela (1991, 93 y 2002). Todos ellos, con mandatos de presidentes interrumpidos y/o fallidos golpes de Estado y con una desestructura de los sistemas de partidos en la mayoría de los casos, muestran el aún frágil marco institucional de la región. Si observamos los datos del Latinobarómetro notamos que los partidos políticos reciben la confianza más baja como institución, y con cierta tendencia negativa en toda América Latina.

¿Cómo se puede atenuar este ''dato'' que trasciende nuestro propio continente, afectando de la misma manera a los países europeos?
En primer lugar, una forma que ha mostrado éxito en Europa y la región, es la ''suprainstitucionalidad''. La Unión Europea ha atenuado potenciales crisis (las crisis europeas se diferencian bastante de las de los países latinoamericanos), como en el caso del partido pro nazi en Austria (de tinte autoritario y xenófobo) y ha fomentado el desarrollo democrático en Turquía para aceptarla como miembro de la Unión. También el propio Mercosur ha mostrado su valor en este aspecto, cuando se convirtió en una herramienta importante en la anterior crisis del Paraguay, salvando la continuidad democrática.

La unión de bloques, más allá de su grado de institucionalidad, permite una preocupación inmediata ante cualquier dificultad de los socios. Si a este mayor ''monitoreo'' se le agregan espacios y mecanismos para salvaguardar y fomentar el desarrollo democrático, se permitiría atenuar cada vez más los indicios de crisis y dejar de actuar sobre ellas.

En segundo lugar, comprendiendo el rol de los partidos políticos en su totalidad, tanto como principal actor democrático como en su nivel de incidencia. Las funciones básicas de los partidos son: proporcionar respaldos de poder a los dirigentes, competir electoralmente, reclutar y formar elites gobernantes, brindar información a los ciudadanos y representar y articular los intereses de los diferentes grupos sociales. El fomentar y apoyar todos estos ámbitos, con legislación y/o con ciertos subsidios estatales, es importante para no permitir un deterioro de los niveles de democracia.

EL CASO URUGUAYO
En Uruguay los partidos políticos se colocan bastante por encima de la media latinoamericana en cuanto a confianza de la ciudadanía, con un 37 por ciento. No obstante, al igual que en el resto de los países, este porcentaje acompaña la tendencia a la baja. En cuanto a los dos planos desde donde atenuar la desconfianza institucional y del sistema de partidos, el Uruguay es un claro beneficiario de la ''suprainstitucionalidad''. No tanto por la salvaguarda que otros países pudieran hacer de potenciales crisis propias, sino por poner a resguardo al país de los efectos de crisis en los vecinos.

Una crisis institucional en Argentina o Brasil tiene una fuerte incidencia en Uruguay. Por lo que una mayor institucionalidad de los bloques ayuda a una mayor estabilización de la región, porque los países pequeños sufren de mayor manera todo tipo de crisis. Es claro que ésta no es la única solución y dista de ser del todo efectiva en el Mercosur; el caso de Argentina en 2001 muestra cómo no se puede contener una importante crisis institucional. Lo importante es seguir construyendo mecanismos para llegar a atenuar y reducir al mínimo los efectos e indicios de fragilidad institucional.

La construcción de un Parlamento del Mercosur incidiría positivamente en esta dirección, más allá de la cierta pérdida de soberanía y la desventaja de ser un socio minoritario. De igual manera, todas estas situaciones pueden tener su trato específico para no causar asimetrías importantes. Lo valioso en este caso es que la ''suprainstitucionalidad'' genera y fomenta estabilidad en un continente bastante inestable, lo cual favorece a un país pequeño como Uruguay.

A LA INTERNA
En el país y situándonos específicamente en los partidos políticos, es necesario sancionar una clara ley de financiamiento que se concentre en todos los planos y aspectos del partido, no sólo los electorales: en los ingresos, en los gastos y en la elaboración de normas claras de transparencia, englobando la totalidad de las funciones de un partido.

Hoy, las principales fuentes de ingreso de los partidos son las asignaciones de partidas del Estado por votos obtenidos, el aporte de los candidatos que ocupan puestos de gobierno en nombre del partido, y las donaciones de particulares. La primera opción es una partida única que por lo general se destina toda a la elección. La segunda es la que permite el funcionamiento de los partidos más allá de la elección, utilizando en algunas ocasiones fondos del Estado para partidas específicas que son derivados para aportes del partido (porcentajes de sueldos, partidas de legisladores, etc). La tercera fuente es la más problemática ya que genera ciertos compromisos con particulares, que pueden llegar a tratos preferenciales por parte de los candidatos electos.

La legislación sobre financiación debe contemplar un aporte público que cubra el funcionamiento total del partido, exigiendo presentaciones de gastos y desincentivando el aporte particular.

Atacar el problema de la institucionalidad enfocándose en los dos planos anteriormente marcados fomenta sistemas de partidos sanos, lo que redunda en una mejor governance y por lo tanto en un mayor desarrollo humano de los países de la región.

Adrián Fernández Torello es Licenciado en Ciencia Política

Revista Dosmil30.
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