Pese a los pedidos realizados por los activistas de Gualeguaychú, el gobierno argentino decidió continuar con las denuncias penales a los asambleístas, notificando a diez de los implicados. Deberán designar un abogado esta semana.
Foto: www.ipodagua.com.ar
La Gendarmería Nacional argentina hizo saber hoy a diez asambleístas de las intenciones del gobierno argentino de continuar con los procesos penales contra los activistas por las consecuencias generadas por el corte de ruta.
Los asambleístas habían realizado una petición al gobierno para que dejara de lado las demandas, tras decidir levantar el corte por 60 días.
Sin embargo, el juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, notificó "de la decisión del Ministerio Público Fiscal de apelar la resolución por la cual se desestima la denuncia hecha por el Ejecutivo nacional relacionada con delitos penales que tenían que ver con homicidio culposo, amenazas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública, resistencia a la autoridad y encubrimiento", informó hoy el semanario entrerriano Análisis.
Ante esto, el magistrado entendió que el único delito que podría considerarse es la infracción del Artículo 194 del Código Penal, y que fue en el marco de una protesta social absolutamente legítima.", explicó el abogado Luis Leissa. Ahora, los ambientalistas tendrán la posibilidad de "designar un abogado defensor para presentarse antes de que venza el plazo la semana próxima", indicó el letrado.
Los asambleístas notificados fueron: Jorge Omar Fritzler, Sira Nidia Muñoz, Osvaldo Daniel Fernández, Juan Antonio Ferrari, Ana María Acosta, Paola Soledad Roble, Cristina Limba, Víctor Limba, Alejandro Crimella y José Gómez.
Según Análisis, el abogado de la Asamblea, Luis Leissa, mostró su sorpresa ante este nuevo embate legal. "Después de esta decisión, avizoramos que tenemos un gobierno nacional que no se termina de encauzar, porque cuando todo parecía que iba a estar bien, ahora vuelve a insistir con este tema de la orden judicial, y esto realmente no es una medida ni simpática ni justa".
""Esta situación vuelve a poner un clima de exacerbación al que no queríamos volver (...) Ya estamos acostumbrados a estas marchas y contramarchas del gobierno nacional, porque un día se ponen el estandarte de la lucha ambiental, y al otro nos mandan una denuncia penal", dijo Leissa a Radio del Plaza.
El acta de notificación, que reproducimos aquí, fue obtenida y publicada por www.ipodagua.com.ar
