Uruguay ha caído en una violación flagrante de la Dignidad Humana (y sus Derechos Humanos implícitos). Un acostumbramiento idéntico al del olfato cuando hiede a podrido.

En nuestro carácter de periodista (desde 1986 a la fecha mantenemos columnas y otros trabajos en variados medios de prensa), fuimos sometidos no una sino varias veces, a sendos juicios penales por lo que habíamos dicho o escrito. Algunos los ganamos y otros los perdimos siendo, en estos últimos casos, pormenorizadamente condenados. Incluso hasta con prisión que, sin embargo, jamás cumplimos (hasta hoy no sabemos por qué).

De modo tal que, al respecto, existen pocos casos que nos puedan "tirar el chico más lejos".
En esas amargas lides (sin apoyo alguno de la SIP), nuestros siempre escasos abogados defensores nos enseñaron que, a los efectos penales, decir por la prensa que un ladrón convicto es ladrón, resulta difamación. Publicar su foto ya es Picota. Claro está que no es lo mismo un ladrón de gallinas que un estafador de alcurnia... Pero eso, por la vía de los hechos permitidos, perdonados y aplaudidos, no tiene nada que ver con el Código Penal.

Si uno escribe y encima publica con firma y todo, que un Presidente de la República es un burro con iniciativa (el peor y más peligroso tipo de burro) comete, ipso facto, el delito de desacato por injurias. Y va preso. Aunque lo dicho sea verdad indiscutible. No tanto por el delito sino por el Poder ya que eso mismo (y cosas peores) se dice en todo medio de prensa acerca de muchas personas, todos los días, sin que pase nada.

Pero la cosa en Uruguay es aún peor todavía: el secreto que la Ley manda respetar para cierta etapa de cualquier intervención judicial, es sistemáticamente violado al punto que se publica textualmente lo declarado en cualquier Juzgado tanto por l@s justiciables como por sus denunciantes, el fiscal y el Juez.

Se trata de otra flagrante violación ya no sólo de la Dignidad y de los Derechos Humanos incluídos, sino de las más elementales reglas para la existencia de un juicio imparcial y, de paso, un avieso medio para presionar a la Justicia. Y un delito (previsto en los Códigos) que además de "in fraganti" puede ser más grave, en muchos casos, que el de la denuncia encarada por el Poder Judicial.

Estos perversos "acostumbramientos" para nada dignificantes, preñados de cómplice pasividad permisiva provienen de la Dictadura. Y acusan una estólida y rebelde dolencia mental: la impunidad.

Con esto queremos llegar a decir, para "escandalizar burgueses", que por ejemplo las tan publicadas fotos de Gregorio Alvarez esposado a la salida de un Juzgado, debidamente condenado por sus atroces fechorías son, ellas también, violación de la Dignidad Humana, que en vez de diferenciarnos de ese criminal, nos emparejan.

Las penas que nuestros Códigos establecen para los diversos delitos, aún los peores, consisten en la privación de la libertad por diverso tiempo según cada caso.

No establecen ninguna otra y, lo que es muy importante: por un mandato Constitucional del que debemos estar orgullosos aún cuando no se cumpla, las cárceles no deben ser instrumentos de mortificación (eufemismo por "tortura") sino, y por el contrario, lugares de profilaxis del delito, etcétera... La Picota es un agregado que no debemos admitir en silencio aunque se perpetre cotidianamente a pesar de la Ley (inaplicada) que la prohíbe.