22.08.2007

En efecto, quienes recorremos periódicamente el país tenemos nuestra propia encuesta de cuáles son los temas que más le preocupan a la gente, cuales los que recurrentemente nos plantean o nos preguntan, e invariablemente, desde que se instaló este gobierno hasta hoy al tope de esa "encuesta" está el tema de la inseguridad pública como el que más aflige a los uruguayos. Circunstancialmente, como señalábamos, la reforma tributaria comparte con la inseguridad el primer lugar en el ranking, pero aquel sin dudas es el más preocupante.

Es absolutamente lógico; basta ver los informativos televisivos para advertir la ola de delitos que se repiten cada día, y la angustia con que los uruguayos viven el drama de salir temprano desde sus hogares hacia el trabajo y regresar con la incertidumbre de no saber qué se van a encontrar. Y en muchos barrios de todo el país ya no solamente de Montevideo, llegar al hogar significa toda una travesía cargada de dificultades.

El gobierno ha cambiado de manos la conducción del Ministerio del Interior. Ha puesto al frente a una diputada muy bien dispuesta a asumir nuevas responsabilidades, que no se deja pasar por arriba, desafiante y con antecedentes como para abrirle una carta de crédito como le hemos abierto. Diríamos que eso sumado al tema de la reforma tributaria la han sacado momentáneamente del centro de la crítica.

Por que vamos a entendernos, los problemas continúan. Más aún, la filosofía de la Ministra Tourné no es ajena a la de su antecesor y con ambos discrepamos porque a nuestro juicio, en la seguridad como en la salud es más importante prevenir que curar. Por una razón muy sencilla y es que a veces curar, es imposible. Generalmente no se recuperan los objetos de un hurto, si hay hechos de sangre es muy difícil volver las cosas a su situación original y si además hay vidas que se pierden, imposible.

Esa es la discrepancia mayor que tenemos con el gobierno en la materia. Este es en muchas áreas y en muchos aspectos un gobierno permisivo, que envía señales confusas, que no tiene claro el límite entre lo permitido y lo prohibido, entre la libertad y el libertinaje, y el precio de esa confusión lo paga la gente y el beneficio se lo lleva el delincuente.

En estos días la preocupación en el Interior del país se ha agravado porque el Ministerio respectivo ha innovado en el tema presos promoviendo un traslado hacia las cárceles de distintos departamentos que no es precisamente la clase de descentralización que los blancos hemos defendido en todos los tiempos; el gobierno descentraliza presos y eso provoca incertidumbre y miedo en la población de aquellas ciudades a las que son trasladados.

Hasta el momento han sido 79 los presos trasladados; Durazno, San José, Flores, Tacuarembó, Artigas, Florida, Cerro Largo y Soriano fueron los primeros departamentos y a estos se han sumado en los últimos días Lavalleja y Rocha. Según manifestaciones de la Ministra los traslados son provisorios pero bien sabemos que en el Uruguay desde hace muchos años, no hay nada más definitivo que lo transitorio.

Para peor, tanto en Rocha como en Lavalleja las cárceles están absolutamente desbordadas, excedidas de presos. La de Minas por ejemplo que hoy cuenta con 81 reclusos, a la que se han trasladado en estas horas 14, fue construida para albergar 40 presos. Y lo que es más grave, se encuentra en pleno centro de la ciudad, frente a la Plaza Libertad su plaza principal, montándose un vallado y una zona de exclusión de vehículos que agrava aún más la situación porque pone a la población en estado de alerta. Lavalleja pretende ser un departamento integrante del circuito turístico, se han hecho esfuerzos a nivel local y nacional para alcanzar esa situación en atención a las bellezas naturales que adornan la zona, pero las acciones del Ministerio del Interior conspiran contra esa legítima aspiración.

En Rocha, donde se enviaron seis presos del Comcar, hay 98 detenidos, también se encuentra muy cerca del centro, también está desbordada además de encontrarse en una situación precaria desde el punto de vista edilicio.

Tenemos entendido, además, que en ningún caso los trasladados tienen alguna vinculación con el departamento al que se los lleva. Lo que en alguna medida podía fundamentar el cambio; si son oriundos del lugar, si tienen allí su familia, bueno no vamos a decir que lo justifica pero por lo menos sería un argumento a tener en cuenta. Pero no, no es así.

Ojalá como lo señala la Ministra la situación sea provisoria. Nos tememos que no y nos tememos también que hasta tanto el gobierno no asuma con decisión toda su autoridad en la materia, vamos a tener que seguir conviviendo con un problema que para peor, día a día se va agravando.