La Justicia Electoral ha garantizado la fecha del 27 de abril, que ya había establecido el Congreso de la Nación para las elecciones presidenciales. Si no ocurren nuevas obstrucciones y maniobras antidemocráticas como las que en los últimos meses lograron postergar primero y eliminar finalmente las elecciones internas abiertas del Partido Justicialista, a partir del 25 de mayo próximo la Argentina contará con un nuevo presidente legitimado por el voto popular.
Un nuevo gobierno que deberá afrontar una de las crisis más dramáticas sufridas por nuestra patria.
Confiamos en que la decisión soberana de la ciudadanía nos encomendará la tarea y estamos convencidos de que, por dura que ella se presente, en muy poco tiempo estaremos revirtiendo las causas y los efectos de la decadencia.
La tarea fundamental es recuperar la gobernabilidad y la confiabilidad interna y externa.
Hay que retomar el rumbo perdido a fines de 1999, estableciendo nuevo punto de partida para el crecimiento, la estabilidad y la inserción internacional del país, encarando desde el primer minuto las crisis más acuciantes, las que evidencian las estadísticas de pobreza, indigencia, hambre e inseguridad.
Los materiales necesarios para la reconstrucción están cerca. Aunque parezca extraño, la cuestión de la restitución de la confianza es para la Argentina de hoy mucho más importante que el tema del financiamiento. Las estimaciones coincidentes del Ministerio de Economía y del Fondo Monetario Internacional indican que en la Argentina existen actualmente, fuera del sistema financiero oficial, en los bolsillos de las empresas y de los particulares, más de 30.000 millones de dólares.
Semejante masa de ahorro casi triplica el monto actual de los depósitos bancarios y cuadruplica a la totalidad circulante en pesos y cuasimonedas provinciales. Medida en términos de tenencia de dólares por habitante, convierte a la Argentina en el país más dolarizado del mundo después de Estados Unidos.
Para poner en movimiento este capital ocioso, un hecho que alcanzaría por sí mismo para recrear el círculo virtuoso de la inversión productiva y el consumo popular es necesaria una formidable inyección de confianza, que sólo puede surgir de la reconstrucción de un poder político legítimo que esté acompañada por un sólido aval externo y por la reaparición de condiciones de previsibilidad económica y de seguridad jurídica. En definitiva, por un cambio de régimen basado en una visión estratégica acertada y en un fuerte liderazgo político.
Algunos candidatos que encarnan el continuismo de la situación actual, lejos de plantearse un cambio sustancial de rumbo, se inclinan por mantener la línea de este gobierno, en la hipótesis de que sería teóricamente posible convertir al "veranito económico" que proclama el oficialismo en reactivación, de modo de garantizar que, como afirma el ministro Lavagna, el presente año el producto bruto interno pueda crecer un módico 3%.
No hay gradualismo posible
Esta visión gradualista tropieza con tres obstáculos insalvables. El primero es la falta de sustentabilidad estructural del actual programa económico: está demostrado que el presente "veranito" implica la aparición de algunas islas de reactivación, en particular el agro, el turismo y un puñado de actividades industriales favorecidas por la sustitución de importaciones, incentivados transitoriamente por el dólar "superalto", pero que esas islas flotan en medio de un océano de recesión y de empobrecimiento colectivo.
Con un agravante: no hay ninguna posibilidad, ni en el corto ni en el mediado plazo, de un "efecto derrame" desde los sectores beneficiados hacia los perjudicados. La razón es simple: el mismo dólar "superalto", que es la condición para la existencia de esas islas de reactivación (que en su conjunto representan aproximadamente un 25% del producto bruto interno) constituye la causa estructural de la depresión económica del 75% restante del aparato productivo argentino.
El segundo obstáculo es la insustentabilidad fiscal. La conjunción entre el elevadísimo costo fiscal de la redolarización de los depósitos bancarios, que tarde o temprano habrá de sancionarse, el fuerte impacto económico del inevitable aumento de las tarifas de los servicios públicos, por escalonada que sea su implementación, y el cuantioso desembolso de divisas que traerá aparejada la indispensable renegociación de la deuda pública, cualesquiera fueren las condiciones en definitiva pactada con los acreedores, tornan absolutamente inconsistente, por no decir ilusorias, las actuales previsiones presupuestarias.
La tercera valla es la evolución de los indicadores sociales. Con salarios y haberes jubilatorios que han sido pulverizados por la inflación, índices de pobreza próximos al 60% de la población, una tasa de desempleo de alrededor del 23% y niveles de indigencia cercanos al 30%, no hay ningún gradualismo posible. No hay reactivación económica sin una recuperación del mercado interno a través de una rápida elevación del poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos.
Por eso hablamos de un nuevo salariazo: un incremento sustancial del salario nominal y de su valor adquisitivo, que se sustentará en la reducción drástica de los impuestos al trabajo y en el revalorización de la moneda, fruto de la recuperación de la confianza y el impulso a la inversión y la producción, una nueva revolución productiva.
En este contexto, la Argentina está obligada a plantearse un verdadero cambio de régimen, una transformación de fondo en su sistema de instituciones económicas que le permita no sólo salir de la recesión sin producir un "efecto rebote" e iniciar un largo ciclo de expansión económica acelerada, con un ritmo de crecimiento que en los primeros años puede incluso llegar perfectamente a superar el 10% anual acumulativo.
En las actuales circunstancias de crisis, dicho cambio de fondo no puede darse en forma aislada. Requiere un formidable "shock" de confianza interna y externa, que está indisolublemente vinculado con la reinserción internacional del país y, en particular, con la recreación de una sólida alianza estratégica con los Estados Unidos, erigido en país eje del sistema de poder mundial.
En este nuevo escenario internacional, junto a la redefinición y fortalecimiento del Mercosur, la búsqueda de un acuerdo de integración económica, comercial y monetaria con los Estados Unidos supone un prerrequisito político fundamental: una definición inequívoca y una presencia sin retaceos de la Argentina en la lucha emprendida contra el terrorismo transnacional y por el establecimiento de un nuevo sistema de seguridad global.
Así, la reconstrucción del crecimiento y la estabilidad así como la lucha por erradicar la miseria y la inseguridad están íntimamente enlazadas con nuestra activa reinserción internacional. Esto será lo que se dirimirá en las urnas el próximo 27 de abril.
