Locales

Pulgar para abajo

Sindicato ferroviario presenta denuncia penal contra presidente de AFE por difamación

Mariano Pouso dijo a Montevideo Portal que las acusaciones de Wilfredo Rodríguez son falsas y que los trabajadores no marcan tarjeta sino que son controlados mediante la huella digital.

25.01.2018 10:25

Lectura: 2'

2018-01-25T10:25:00
Compartir en

La Unión Ferroviaria denunció esta semana que la "dirección fascista" de Servicios Logísticos Ferroviarios (empresa de derecho público privado de AFE) despidió a cuatro trabajadores del taller diésel "por el simple hecho de estar afiliados a la Unión Ferroviaria".

En respuesta a estas acusaciones, el presidente de AFE, Wilfredo Rodríguez, dijo a Montevideo Portal que los trabajadores "estuvieron meses sin tocar un tornillo" y que con la colocación de cámaras comprobaron que "marcaban tarjeta y se iban". Además, responsabilizó a los trabajadores de la pérdida de varios contratos de AFE por no cumplir con lo establecido. A Telenoche 4, el jerarca le dijo también que en ocasiones adulteraban el reloj donde marcan los trabajadores e incluso se comprobó faltante de materiales.

La Unión Ferroviaria, sin embargo, niega estos hechos y decidió demandar penalmente hoy al titular de AFE por difamación e injurias. Mariano Pouso, integrante de la UF, dijo a Montevideo Portal que las declaraciones de Rodríguez no son ciertas. "La notificación de despido habla de reorganización y reestructura", dijo, e incluso mostró el documento en el que se notifica el despido. Negó que se retirara material de la empresa o se adulteraran los sistemas de control.

"Dice que marcaban tarjeta y se iban, pero el sistema de control es con la huella dactilar, no hay forma de eludir eso. ¿Qué hacían, hackeaban el sistema?", preguntó Pouso, que atribuye a persecución sindical la decisión.

Al respecto de las acusaciones sobre la falta de trabajo y que no se cumplió con los contratos de empresas para el desarme de piezas, dijo que directores de AFE fueron a Europa a comprar motores para las máquinas y quedaron inutilizables porque se equivocaron de modelo, lo que costó "600.000 dólares que pertenecen al erario público".