El ministro de Deporte, Jaime Trobo, elevó ayer al fiscal penal Luis Bajac los antecedentes acerca de la ocupación estudiantil del Instituto Superior de Educación Física (ISEF). En tanto, el Consejo de UTU resolvió denunciar ante la Justicia la toma del Instituto Tecnológico Superior y la presencia en el local de personas ajenas al establecimiento, dijo a El Observador la presidenta del organismo, Fanny Arón.
Al mismo tiempo, el rector de la Universidad, Rafael Guarga, consideró que la ocupación es una medida legítima y una extensión del derecho de huelga.
El Codicen analizará hoy la denuncia redactada en UTU y resolverá trasladarla en las próximas horas a la Justicia. En tanto, el presidente de Secundaria, Jorge Carbonell, dijo que aún no decidió si presentará la denuncia contra los liceales que están ocupando.
La información fue revelada por las autoridades en la extensa reunión que mantuvieron los jerarcas de la enseñanza en la Comisión Coordinadora de la Educación. La legalidad o ilegalidad de las ocupaciones y la posición que deben tomar las autoridades ante esas medidas fueron los principales temas que debatieron los jerarcas durante las cuatro horas de reunión. Arón denunció la existencia de "injerencia política" por la ocupación del ITS. La jerarca afirmó que en las actas que registran el ingreso de personas al establecimiento durante la ocupación figuran los nombres de los diputados del Encuentro Progresista, Raúl Sendic y Oscar Gómez, suplente de Doreen Ibarra.
Defensa y debate
Fuentes de la comisión dijeron a El Observador que el rector de la Universidad, Rafael Guarga, "defendió el derecho a tomar medidas como la ocupación", al tiempo que entendió que, "si se realiza de forma pacífica y por decisión del colectivo, se trata de una extensión del derecho a la huelga". El jerarca universitario dijo que ese derecho está amparado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y afirmó que "el colectivo universitario" está protestando contra la Rendición de Cuentas.
Los informantes dijeron que la posición de Guarga despertó la reacción de Trobo, quien afirmó enfáticamente que "hay que defender el principio de autoridad". "Como jerarca me siento responsable de que el servicio se brinde correctamente, por lo que presentamos el tema en la Justicia", dijo el ministro, palabras más, palabras menos. En uno de los momentos más tensos de la reunión, Guarga le contestó que su decisión era la de acompañar las "decisiones del colectivo".
Coherencia y coordinación
Al inicio de la sesión, el presidente de la ANEP, Javier Bonilla, Arón, Carbonell, Guarga y Trobo expusieron acerca de la situación en cada uno de los sectores de la educación que dirigen. Tras cartón, el ministro de Educación, Antonio Mercader, planteó a los jerarcas de la ANEP la existencia de "cierta falta de coordinación", ya que "algunas autoridades se muestran más proclives al diálogo y otras al desalojo".
Bonilla negó que existan diferencias, al tiempo que Carbonell sostuvo que se está exagerando con la situación ya que son "solamente siete los centros ocupados" de un universo de más de 300 que hay en todo el país. Durante su intervención, Carbonell defendió que la estrategia de las autoridades para enfrentar el conflicto "tenga un ángulo pedagógico", porque se está tratando con jóvenes alumnos.
Por su parte, el director de Educación, Enrique Martínez Larraechea, consideró que los límites deben ser claros para que "se respete el principio de autoridad" y planteó que debe controlarse quién ingresa a los centros de estudio. Ante este planteo, Carbonell consideró que le recordaba a "otras épocas del país", en referencia a la dictadura.
En ese momento intervino el dirigente de la FEUU Manuel Flores, quien defendió que los jóvenes de Secundaria incluyan entre sus reclamos la ruptura de relaciones con el Fondo Monetario Internacional y el no pago de la deuda externa. Esto colmó a Carbonell. "Con un planteo de este tipo mejor vamos a un cuarto intermedio, nos salimos de lo lógico", sostuvo el jerarca con hilaridad.
Si bien la Comisión Coordinadora no tiene potestades resolutivas, el rector de la Universidad propuso que las autoridades iniciaran un reclamo conjunto por mayor presupuesto para la educación. Esa posibilidad fue rechazada por Mercader. El ministro recordó que en el año 2000 "se hizo ese reclamo, se obtuvieron recursos para el Fondo de Solidaridad y finalmente fueron destinados a incrementos salariales de los funcionarios". Mercader dijo que ese antecedente debilita un nuevo reclamo.
