El caso se dio debido a un error administrativo del gobierno provincial de San Luis, Argentina; la imputaron por defraudación al Estado. .
El caso se dio debido a un error administrativo del gobierno provincial de San Luis, Argentina; la imputaron por defraudación al Estado.
Un insólito caso provocó todo tipo de reacciones en Argentina debido a que una mujer fue denunciada por recibir más de 500 millones de pesos argentinos (casi US$ 450.000) por error de parte del gobierno de la provincia de San Luis.
“Estaba esperando 8.000 pesos del padre de mi nene”, argumentó Verónica Acosta en declaraciones a la prensa local. “Me encuentro con este dinero, y con tanta necesidad, me fui a hacer compras y ayudé a mi familia transfiriendo dinero”, reconoció. La Justicia la imputó por los delitos de defraudación al Estado, retención indebida y otros cargos asociados. Además de Acosta, otras cinco personas fueron imputadas por los mismos delitos, que formaron parte de las transferencias realizadas por la mujer “a sus familiares”, que, según se informó, fueron 66. “De esos, solo nos trajeron [a declarar] a seis”, sostuvo.
Según informaron medios locales, la mujer reconoció haber comprado un auto, una heladera, dos televisores, un microondas, una freidora, una mochila para inodoro y cerámicas para el piso. “Pensé que era un regalo de Dios. Tengo cuatro hijos, necesitaba la plata”, declaró Acosta en declaraciones al medio argentino TN.
Según cuestionó la defensa de la mujer, “ella nunca fue notificada por una devolución, o por un error”. “Ellos se enteran de la situación el miércoles cuando le realizan el allanamiento, con las detenciones y el secuestro con todas las cosas que había comprado”, sostuvo Hernán Echevarría, abogado defensor de los acusados.
Si bien la mujer logró gastar parte del dinero, más del 90% del total fue recuperado, y la investigación busca dar con el fondo restante. Los acusados fueron ordenados a pagar una fianza de $30 millones en un plazo de tres días hábiles, o de lo contrario serán encarcelados con prisión preventiva.
“Entendemos que son unos perejiles, que le quieren aplicar todo el peso de la ley, pero no se ha configurado un delito penal”, sentenció Echevarría.


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