Con perspectivas de ausencia de consensos y tironeos presupuestarios, se reúnen los líderes europeos.
Los líderes de la Unión Europea comienzan esta tarde una de las cumbres más difíciles y decisivas de los últimos años, en la que deberán decidir qué hacer con el moribundo proyecto de Constitución y ponerse de acuerdo sobre su marco presupuestario del período 2007-2013.
La Presidencia tiene la intención de publicar esta noche una declaración común en la que los Veinticinco establecerían la pauta de comportamiento para el futuro.
Lo más probable es que los jefes de Estado y de Gobierno decidan aparcar el proceso de ratificación de la Constitución europea.
Tanto la presidencia como la Comisión creen conveniente una "pausa de reflexión", para prevenir que los noes francés y holandés originen un efecto dominó en los países con consultas pendientes, como Luxemburgo, Dinamarca, República Checa, Polonia, Irlanda o Reino Unido.
Esta es también la demanda de Francia, Alemania, España y del propio Reino Unido, cuyo primer ministro, Tony Blair, ya ha limitado el margen de maniobra de sus homólogos al suspender de forma unilateral e indefinida el referéndum británico anunciado para 2006.
Con este escenario, fuentes comunitarias y diplomáticas coinciden en que se dejará libertad a los gobiernos, como no podía ser de otra forma, para decidir por su cuenta si mantienen o no su calendario interno de ratificación.
El consenso se presenta mucho más complicado en el segundo de los grandes temas que esperan en la mesa del Consejo Europeo, la definición del marco presupuestario anual para el periodo 2007-2013, cuestión que no será abordada hasta el viernes.
El anfitrión Jean-Claude Juncker primer ministro de Luxemburgo y actual presidente del Consejo Europeo, habitualmente optimista, añadió ayer dramatismo al declararse "bastante seguro de que no alcanzaremos un acuerdo sobre las perspectivas financieras".
No obstante, Juncker prevé apurar las posibilidades de acuerdo celebrando, durante la mañana del viernes, una serie de entrevistas bilaterales con los mandatarios, fórmula informalmente denominada "confesionarios", para intentar limar diferencias y hacerles converger hacia el acuerdo.
La última propuesta de negociación, que la presidencia luxemburguesa publicó ayer, aún no satisface a las partes.
El texto preserva la oferta de prolongar por dos años el acceso de España al Fondo de Cohesión y cifra por primera vez las cantidades que percibiría (1.200 millones de euros en 2007 y 800 millones en 2008), pero el Gobierno español reclama que la extensión dure hasta 2012.
Además, pese al firme rechazo de Francia, la propuesta plantea por primera vez una reducción del presupuesto agrícola, blindado teóricamente hasta 2013 en virtud de un acuerdo de 2002.
La presidencia ha planteado incluir el gasto de Rumanía y Bulgaria (8.000 millones) en el presupuesto acordado en 2002 para los actuales 25 miembros (377.801 millones), lo que obligaría a redistribuir a la baja las ayudas.
La nueva propuesta mantiene igualmente la congelación en 2007 del denominado "cheque británico" -la devolución de la que Londres se beneficia anualmente desde 1984-, aunque en un gesto destinado a facilitar el visto bueno del Gobierno de Tony Blair ya no contempla su reducción automática después de ese año.
Precisa además que "cualquier cambio" en el cheque británico tras 2013 "dependerá en particular de la evolución del gasto en medidas de mercado y ayudas directas en agricultura" a partir de ese año.
El Gobierno británico justifica su exigencia de mantener el cheque precisamente en el poco beneficio que obtiene su país de la Política Agrícola Común.
Por otro lado, la política de Cohesión contaría con un 0,37% del PIB de la UE-27 (los actuales más Bulgaria y Rumanía) -unos 305.000 millones de euros-, mientras Bruselas quiere el 0,41% (336.000 millones).
En conjunto, el presupuesto comunitario se situaría en el 1,06% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la Unión, lo que equivaldría a unos 870.000 millones de euros en el período 2007-2013, frente al 1,21% defendido por la Comisión Europea, y al techo del 1% que exigen Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda, Austria y Suecia.
