Policiales

Hubo chanchullo

Procesaron con prisión a una funcionaria del MGAP por un delito continuado de concusión

La imputada fue condenada a 24 meses de prisión. La mujer cobraba indebidamente a empresas navieras sumas de dinero en concepto de locomoción para la custodia del transporte de residuos orgánicos descargados de los buques.

10.10.2019 13:34

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2019-10-10T13:34:00
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La Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 1º turno, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez, logró la condena de una funcionaria del MGAP como autora de un delito continuado de concusión.

La imputada fue condenada a la pena de veinticuatro meses de prisión, al pago de una multa de 300 unidades reajustables (UR) y la inhabilitación por tres años.

La mujer de 56 años, médica-veterinaria de profesión, se desempeña como funcionaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en calidad de encargada desde el año 2015, de la oficina de Paso de Fronteras del Puerto de Montevideo.

Según explica la acusación del fiscal se pudo determinar que en el lapso comprendido entre ese año y fines de 2017, cobraba indebidamente, a diversas empresas navieras, sumas de dinero en concepto de gastos de locomoción para la custodia del transporte de residuos orgánicos descargados de los buques.

En efecto, entre las funciones que cumple la mencionada oficina, se encuentra la inspección y el control de las descargas de residuos orgánicos y sus envases de buques de ultramar, los que son llevados a predios municipales para su tratamiento, por ser residuos extranjeros y con origen desconocido

En dicha tarea intervienen tanto la Administración Nacional de Puertos (en adelante ANP), con la que se contrata el servicio para la descarga y traslado, como el MGAP, el que, a través de la oficina de Paso de Fronteras lo realiza, expidiendo los certificados correspondientes y custodiando los residuos hasta su destino final

Debido a que la oficina no contaba con vehículo oficial, la imputada les ofrecía su vehículo particular, o delegaba en un funcionario de su oficina que pudiera hacerlo. En ese caso, el importe a abonar, lo fijaba ella y se entregaba a cambio un recibo no oficial en concepto de "viáticos" o locomoción, pero también recibos, a los que, aun no siendo oficiales, se les colocaba el sello del Estado en forma indebida, dándoles una apariencia estatal que no era real.

Según se desprende de las copias de recibos aportados a esta Fiscalía, y a vía de ejemplo, los montos por tal concepto oscilaban entre $1.400, 12,300, 10.900, 13.500, etc., dependiendo, según lo manifestado por la imputada de la distancia y la cantidad de traslados, sumas que no eran ingresadas a la contabilidad del Ministerio, sino que, según sus dichos, eran registradas, al igual que el servicio, en unas planillas internas que ella misma llevaba, y que no las había guardado, porque precisamente, los recibos "no eran oficiales"

Tal proceder vulneró la normativa vigente en la materia, ya que, en cuanto a la locomoción, existen normas que reglamentan tanto el uso de vehículo oficial como particular por parte de un funcionario público para la realización de tareas inherentes al servicio.

Todos los jerarcas del MGAP, manifestaron en declaraciones vertidas en sede de la Fiscalía, que dicho proceder era ilegal. Indicaron, además, que, en todo caso, la imputada debió informar a sus jerarcas, esperar la autorización correspondiente y de obtenerse la misma, depositar las sumas recibidas en la cuenta bancaria del Ministerio.