Presidente de Jutep a favor de cambiar normativa tras caso De León

El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, consideró que las irregularidades en las que incurrió el senador Leonardo de León se inscriben en la definición del delito de "corrupción" incluida en el artículo 3 de la ley 17.060.

Entrevistado en el programa Todo Pasa de Océano FM, Gil Iribarne evitó opinar sobre la postura del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, aunque lo calificó como un análisis "serio y a fondo" del caso. Además, valoró que "tres órganos distintos e independientes (en referencia al TCP, la Jutep y la Fiscalía de Crimen Organizado) se expidieron en el mismo sentido, lo que muestra una coherencia entre distintos actores".

Gil Iribarne entendió que "no hay duda" de que la conducta del ex presidente de ALUR se enmarca en lo descrito por la ley, que define como corrupción "el uso indebido del poder público o de la función pública para obtener un provecho económico para sí o para otro". La ley aclara que el concepto de corrupción se aplica "se haya consumado o no un daño al Estado".

De todos modos, consideró que los argumentos utilizados por el fiscal Luis Pacheco para no procesar a De León - argumentando que se trata de una empresa de derecho privado - fueron "sólidos". "El Código Penal prevé que ciertos delitos son de los funcionarios públicas y él no lo era", apuntó.

El presidente de la Jutep se mostró partidario de introducir una modificación en la normativa para abarcar también a las empresas privadas que utilizan dineros públicos. "No veo por qué el que maneja fondos públicos en una empresa o en otra tiene tratamiento diferente. Si uso mal o indebidamente los fondos de un ciudadano en una tengo que tener el mismo tratamiento que en otra", planteó.

En mayo de 2018, el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco había archivado la causa que investigaba posibles irregularidades cometidas por De León. En su momento, explicó que el archivo obedeció a ALUR funciona en el derecho privado "no alcanzándole - en principio - las normas de contabilidad y administración financieras del Estado".

La causa se había iniciado a partir de una denuncia del senador del Partido Independiente Pablo Mieres e incluyó el envío de documentación por parte de ALUR. Según supo Montevideo Portal, desde la empresa llegaron a solicitar un informe jurídico a dos abogados externos para saber cómo actuar en el caso De León. La asesoría concluyó que la empresa ya había aportado toda la información posible sobre la actuación del actual senador, por lo que no quedaban más acciones por hacer.