El mismo día en que se confirmó la liberación de Milvana Salomone, el legislador nacionalista y ex intendente de Soriano Guillermo Besozzi presentó un proyecto de ley para incrementar las penas para el delito de secuestro. La iniciativa también crea la figura de "secuestro virtual", hasta ahora inexistente en el Código Penal.

En diálogo con Montevideo Portal, Besozzi aclaró que trabaja en el proyecto desde hace un tiempo, cuando "escuchó" que en el país había "más de 200 personas desaparecidas, muchas de las cuales podían estar secuestradas". De todos modos, reconoció que el caso de Salomone reimpulsó su trabajo: "Cuando me enteré del caso le dije a mis colaboradores 'esto es en lo que estamos trabajando'".

En la exposición de motivos del proyecto, advierte: "El secuestro real y virtual eran delitos que estaban lejos de la realidad uruguaya pero, como hemos escuchado decir a las autoridades del Ministerio del Interior, se preveía que llegaran a nuestro territorio" y agrega luego que "hoy en Uruguay y sobre todo en las ciudades con mayor densidad de población, la 'sensación' de inseguridad es tal que ya no solo se piensa y se tiene miedo de ser víctima de una rapiña, de un hurto o de un copamiento" sino que "empezamos a hablar de secuestro o privación de libertad virtual".

"¡Lo rechazamos enfáticamente. Esto no debe pasar en mi país!", complementa el legislador en el texto que acompaña el proyecto de ley.

El texto propone modificar el artículo 281 del Código Penal para que los secuestros sean penados con dos a nueve años de penitenciaría. La legislación actual prevé una pena de un año de prisión a nueve de penitenciaría.  

La modificación establece además que "la pena será disminuida de la tercera parte a la mitad siempre que el autor del hecho o un copartícipe de este liberara a la víctima de su cautiverio dentro del tercer día de producido".

El proyecto de Besozzi incorpora también la figura del "secuestro virtual", tipificando el delito a "el que con estratagemas o engaños artificiosos indujera en error a alguna persona generando en la víctima el temor de la privación de libertad propia o de tercera persona". El castigo para esa figura será de 18 meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

Besozzi confió en que el proyecto, firmado también por el diputado del PN Pablo Abdala, tenga buena aceptación en el resto de las bancadas.