El diputado del Partido Nacional Martín Lema dijo a Montevideo Portal que el ministro de Salud Pública Jorge Basso debería dar un paso al costado, luego de no poder resolver la apertura del corralito mutual, ante el delito de intermediación lucrativa.
“No ha habido construcción, ni una medida tendiente a ejercer los controles necesarios y devolverle al usuario la libertad de elegir. La única idea que tuvieron fue la suspensión del corralito mutual”, lamentó el diputado, quien calificó de “poco serio” al ministro e “incapaz” de actuar como rector.
Lema señaló que el ministro “tendría que dar un paso al costado”, considerando la “sumatorio de hechos” que ocurrieron durante el período y en el que, para Lema, el ministro jugó un rol de “testigo de lujo”.
Como ejemplo, Lema puso las irregularidades en ASSE que obligaron al presidente Vázquez a remover a sus autoridades: “Estaban ocurriendo irregularidades en las narices del ministro”, señaló.
Además agregó que el Ministerio no está cumpliendo su rol fiscalizador: “No se está controlando la calidad asistencial. Tal es así que la división fiscalización tiene solo 18 inspectores para controlar a todos los prestadores públicos y privados”.
El ministro Basso será interpelado en las próximas semanas, convocado por los cinco partidos de oposición por el rol que jugó en ASSE y en los casos de estafa al FONASA, que determinaron la suspensión de la apertura del corralito.
En 2007, cuando se implementó la reforma de la salud y el corralito mutual-que impedía que una persona se cambiara de prestador de salud- se abría un período de apertura en febrero para ordenar los cambios
En estos años de apertura del corralito en febrero se cambiaron cada año unos 50 mil usuarios, entre un 4 y un 7% de las personas habilitadas.
La idea inicial era que luego de un período de apertura solo en febrero el corralito quedara abierto permitiendo a los usuarios cambiar en cualquier momento.
A fines del año pasado se anunció que el corralito quedaría cerrado debido a la falta de capacidad para controlar el delito de intermediación lucrativa, por el que algunas personas ofrecen dinero para que un usuario se cambie de prestador.
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