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El fiscal de Corte Jorge Díaz opinó que el acuerdo alcanzado por el fiscal Fernando Romano con el imputado por destrozos en la marcha contra el G-20 fue "una mala solución", a pesar de que está "ajustada a derecho".
En rueda de prensa este miércoles, Díaz reconoció que la decisión del fiscal de permitir aplazar la medida acordada durante las dos semanas en las que estará de vacaciones es "un mensaje que preocupa" a la población.
"Y a mí me preocupa que a la población le llegue ese mensaje", remarcó.
Díaz explicó que, de todos modos, que el acuerdo alcanzado entre las partes está "ajustado a derecho", por lo que la Fiscalía de Corte no puede hacer objeciones al respecto. "La Fiscalía de Corte no puede evaluar la conveniencia o inconveniencia de una medida si es ajustada a derecho", consignó.
El jerarca precisó que no puede haber una revisión del acuerdo a menos que exista un incumplimiento por parte del imputado. En ese caso, el fiscal podría solicitar una pena alternativa.
Díaz recordó que este año dispuso varias instrucciones a los fiscales para dejar claro en qué casos pueden establecer acuerdos. De todas formas, aventuró que posiblemente vuelva a trabajar en el tema en 2019 para "delimitar la actuación de fiscales en distintos aspectos".
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