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El pasado 1º de enero, Pablo Ferreira, empleado de Alur, inició una huelga de hambre frente a la Torre Ejecutiva, en reclamo por el despido, que califica ilegal, de su compañera, Luiggina D'Agosto.
D'Agosto, informó el portal Ecos, trabajaba también en Alur, y fue cesada cuando se reincorporó de la licencia maternal, tras haber dado a luz un hijo varón.
La pareja alega que el despido es ilegal, y que, pese a que se estipula una indemnización, "no hay ningún castigo para la empresa, ese dinero sale del bolsillo de todos porque es una empresa estatal".
Este viernes se pronunció al respecto el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, que se manifestó "sorprendido por la insensibilidad y la falta de voluntad de las autoridades para encontrar una solución a esta situación".
La central entiende que el despido de una trabajadora en período de lactancia es "inadmisible y violatorio de leyes y normas internacionales suscritas por el gobierno uruguayo".
El comunicado del PIT-CNT señala que "golpeó la puerta" de todos los organismos estatales que tuvieran que ver con el caso, y que, desde la central, se habló con funcionarios de Presidencia, ministros, directores y legisladores, que coincidieron en señalar que el cargo que ocupaba D'Agosto en Alur no era de particular confianza, algo que afirmó el directorio de Alur como causal de despido.
"·Exhortamos al gobierno uruguayo a que tome cartas en el asunto, que evite que un conjunto de políticas implementadas en materia de género y equidad (y que nosotros consideramos avances) se vean desvirtuadas por decisiones de un Directorio que no ha tomado en absoluto en cuenta lo que afecta a una mujer en periodo de lactancia, decisiones como las que tomó", concluye la nota del PIT-CNT.
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