Organizaciones ambientales presentaron recurso para anular decreto forestal

La Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), en conjunto con Redes Amigos de la Tierra y el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) presentaron el lunes en Presidencia de la República un recurso legal de anulación por inconstitucional del Decreto 405/021 que, “introduciendo nuevas reglas en el sector forestal habilita una mayor ampliación de las plantaciones en gran escala”.

“El decreto firmado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, y de Ambiente, Adrián Peña, que crea el Registro Ambiental de Plantaciones Forestales, por sus grandes implicaciones sobre los recursos hídricos del país, debió discutirse y decidirse con la participación de los usuarios y la sociedad civil, como exige el artículo 47 de la Constitución”, señalan las organizaciones que presentaron el recurso.

Los grupos ambientales consideran que “este decreto fue un intento del Poder Ejecutivo de frustrar la votación de una ley que circunscribía las plantaciones de árboles con fines industriales a las áreas de prioridad forestal y les fijaba, además, un máximo de superficie ocupada del 10 por ciento del territorio nacional”.

Además, señalan que “al crearse el Registro Ambiental de Plantaciones Forestales, algo que ya deberían haberlo realizado los ministerios respectivos, afirmando que en nuestro país existen diferencias de criterio en la clasificación de los suelos, el decreto presenta, como una norma internacionalmente probada, la Clasificación por capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)”.

“La introducción de la Clasificación del USDA sirve de pretexto para redefinir las áreas forestales del Uruguay, afirmando explícitamente que irán más allá de las áreas de prioridad forestal definidas hasta el presente que abarcan 4:200.000 hectáreas, es decir, un 25 por ciento del territorio uruguayo. O sea que el decreto, bajo el manto de las exigencias ambientales, en lugar de reducir, aumenta la forestación”, añaden.

El recurso legal presentado en la Presidencia por las organizaciones sociales solicita la convocatoria del Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio, creado por el artículo 23 de la ley N° 18.610 de Política Nacional de Aguas, para tratar el contenido del decreto. Propone además incorporar a un especialista en recursos hídricos para evaluar los impactos cualitativos y cuantitativos de los proyectos forestales.

La apelación cuestiona asimismo la incorporación de la Clasificación del USDA como criterio válido para definir los suelos forestales del Uruguay.